El Gobierno ha aprobado este martes un mecanismo de indemnizaciones dotado en 20 millones de euros para las 46 víctimas y 164 heridos de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El anuncio ha sido presentado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la posterior rueda de prensa al Consejo de Ministros en la que se ha aprobado el real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de ambos accidentes. De estos 20 millones de euros, la mitad estará destinado a ayudas directas y la otra a anticipos de seguro. El importe por persona fallecida, según ha afirmado el ministro, corresponderá a 72.000 euros por una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 euros más como consecuencia del seguro obligatorio. En total 210.000 euros por fallecido. En el caso de lesiones, las ayudas se estructuran en función de su nivel de gravedad. Estás varían desde los 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta los 84.000 euros en los casos de máxima gravedad, siendo esta la misma cifra en el caso del anticipo. El ministro ha confirmado que estas indemnizaciones se abonarán en un pago único y estarán libres de impuestos. Este real decreto, según ha confesado, es un «compromiso con las 46 personas fallecidas, las 164 heridos, con sus familias y con el conjunto de la ciudadanía». «No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó en Angrois. Por eso aprobamos esta medida, porque no vamos a consentir que haya víctimas que estén 10 años esperando a recibir una indemnización. Por supuesto, hemos aprendido y por eso aprobamos esta medida», ha señalado el ministro. Además del anuncio de las indemnizaciones, Puente ha anunciado que impulsarán cambios normativos para crear un sistema estable de intervención pública que permita al Estado adelantar, de forma preventiva y en función de distintos criterios, parte de las indemnizaciones por daños personales en accidentes de transporte colectivo. Todo ello sin prejuzgar la atribución de responsabilidades civiles, con el objetivo de asegurar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas de este tipo de siniestros. La ministra portavoz, Elma Saiz, en la misma rueda de prensa, ha explicado que el Ministerio e Política Territorial también ha habilitado líneas de atención a las víctimas con apertura desde el miércoles de oficinas de atención en la subdelegación de Gobierno de Huelva y, debido al caso de Rodalies, también en Barcelona. Finalmente, se ha presentado la administración 'Cerca de Ti' con el objetivo de que los profesionales de las delegaciones acudan al domicilio particular de los afectados para ayudar en la tramitación de las ayudas. Puente comparecerá el próximo jueves en el Senado, forzado por la mayoría del Partido Popular en esta cámara, para explicar las actuaciones de Transportes al frente de los siniestros ferroviarios. El ministro ha asegurado que afronta esta comparecencia con «normalidad democrática» y ve lógico que tenga que acudir a la Cámara Alta. Ha recordado que en 2013, tras el accidente del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela), Mariano Rajoy no acudió al Congreso para esclarecer los hechos. «Yo lo voy a hacer el jueves en el Senado, por tanto, de momento, lo primero que hay sobre la mesa es una diferencia evidente de cómo respondemos unos y cómo actúan otros», ha sentenciado. Acerca de las exigencias de los de Alberto Núñez Feijóo de que dimita de su puesto, Puente ha afirmado que no le «representa ningún tipo de sorpresa», aunque han tardado «bastante en hacerlo para lo que son los parámetros habituales con los que se comportan generalmente». También ha afeado las críticas del líder popular por acusarle de ofrecer un «exceso de datos a la ciudanía: »Lo que me quedaba por oír«, ha reprochado Puente, que piensa que en una situación así »los datos son importantes«. Ha asegurado, finalmente, que tiene »la conciencia muy tranquila« porque hace su trabajo lo mejor que puede.
