La decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato , de mantener a su predecesor, Álvaro García Ortiz, en el ejercicio activo dentro del Ministerio Público crea la imagen de que la justicia penal se aplica de manera distinta a uno y otro lado del muro de Sánchez. Que un fiscal condenado por delito doloso –en sentencia firme del Tribunal Supremo– siga ejerciendo es una ofensa al mandato constitucional que pesa sobre la Fiscalía de defender el principio de legalidad. Pero no es un hecho aislado. Este indulto encubierto de Peramato a García Ortiz recuerda a los de Sánchez a los dirigentes separatistas catalanes, o a la legitimación de un condenado por terrorismo como Arnaldo Otegi. No se trata de comparar lo que unos y otros hicieron. El problema moral no lo plantean García Ortiz , Junqueras u Otegi, sino el desprecio del Gobierno de Sánchez por la justicia penal como función del Estado y como fundamento de una sociedad creada por y para el respeto a la ley.
