En solo cuatro días, ABC ha recibido tres burofaxes vinculados a informaciones distintas sobre los abusos de la dictadura en Venezuela. Todos estos burofaxes están conectados por un mismo hilo conductor: la reacción coordinada del entorno del poder venezolano ante publicaciones que afectan directamente a figuras clave del régimen y a sus redes de influencia en el extranjero. No se trata de una rectificación aislada ni de una discrepancia puntual sobre un dato concreto, sino de una ofensiva jurídica concentrada , cuidadosamente articulada y dirigida contra este periódico. El primer burofax llegó el 15 de enero y está firmado por Miguel Rodríguez Torres , militar y exministro venezolano. Se refiere a una información publicada el 11 de enero, cuya portada recogía el titular «El candidato de Zapatero, investigado en EE.UU. por torturas y narcotráfico» , acompañada de una fotografía suya, y en la que se señalaba que sectores del chavismo lo presentaban como una posible opción política desde Madrid, mientras que Washington lo consideraba inasumible. El firmante sostiene que «dichas informaciones son totalmente falsas y lesionan gravemente mi honor, dignidad y reputación». Afirma no tener ninguna investigación abierta en Estados Unidos ni en ningún otro país, ni haber sido sancionado o imputado por delito alguno. Antes de la publicación, ABC contactó con su entorno para recabar su versión. No hubo respuesta . En su escrito, niega ser candidato de José Luis Rodríguez Zapatero o de cualquier otro actor político, pero sí reconoce colaborar con el expresidente, algo que atribuye a gestiones para la liberación de presos políticos: «Mis conversaciones con el expresidente Zapatero se centran en la búsqueda de lograr la liberación de presos políticos venezolanos y extranjeros». Asimismo, desacredita el contenido de un anexo confidencial publicado por este diario, alegando su experiencia como militar y su conocimiento del funcionamiento de los servicios de Inteligencia estadounidenses, pero sin aportar documentación o prueba alguna que permita contrastar o verificar la falsedad que afirma. Ese informe obra en poder de la Inteligencia de Estados Unidos y ABC se limitó a reproducir su contenido. En su propio relato, Rodríguez Torres reconoce haber sido acusado en el pasado por el propio régimen chavista de «conspiración y de ser un agente de la CIA y de la DEA», y haber pasado «casi cinco años de cárcel en celdas de aislamiento y sin derecho alguno a juicio», un contexto que ABC recogió como antecedente informativo relevante. El burofax no desmiente hechos verificables publicados, sino que expresa una valoración interesada posterior. Fuentes de la Administración estadounidense confirmaron al corresponsal de este diario ante la Casa Blanca que, en las negociaciones previas a la captura de Nicolás Maduro , emisarios del régimen vinculados al entorno de los hermanos Rodríguez y en contacto con Zapatero propusieron a Rodríguez Torres como posible candidato oficialista a la Presidencia de Venezuela en el futuro. Esas mismas fuentes señalaron que esa opción fue descartada por Washington por los antecedentes que pesan sobre él en distintas jurisdicciones estadounidenses, aunque no REVISAR existan causas abiertas que no estén bajo secreto de sumario REVISAR. A este diario le constan acciones de requerimiento de información de la Fiscalía a personas con las que el general aludido ha tenido colaboración en años recientes. El segundo burofax, fechado el 19 de enero, procede del representante legal de Delcy Rodríguez , actuando en su nombre mediante poder notarial firmado, acreditado con su número de pasaporte y apostillado en Caracas, después de haber asumido como presidenta encargada de Venezuela. Se refiere a la información publicada el 12 de enero bajo el título «La DEA maneja un informe sobre los negocios millonarios de Delcy Rodríguez y su pareja» . El escrito sostiene que dicho titular constituye una información distinta y autónoma respecto al desarrollo de la noticia y que incurre en una inexactitud al vincular directamente a la dirigente venezolana con los negocios descritos en un supuesto informe de la DEA. Con base en esa interpretación, se solicita el ejercicio del derecho de rectificación para hacer constar que «Delcy Rodríguez jamás ha participado en ninguno de los negocios millonarios » mencionados. El tercer burofax, también relativo a esa misma información, está firmado por Yussef Abou Nassif Samili , quien igualmente se acoge al derecho de rectificación regulado por la Ley Orgánica 2/1984. En su escrito afirma que la información fue publicada sin contraste previo con los protagonistas, que contiene afirmaciones falsas y que atenta gravemente contra su honor personal, familiar y profesional. El firmante niega haber obtenido contratos relacionados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), rechaza haber gestionado contratos de importación de alimentos por valor de cientos de millones de dólares, niega vínculos con empresas en Hong Kong relacionadas con esos contratos y asegura no haber participado en negocios de importación de material sanitario ni mantener relación empresarial con las personas citadas en la información. Asimismo, afirma no estar siendo investigado por la DEA ni por ninguna otra autoridad judicial en ningún país. En su burofax exige que la rectificación se publique íntegramente, en iguales condiciones de relevancia, maquetación y tipografía que la información original, y deja constancia expresa de que se reserva el ejercicio de acciones judiciales futuras. ABC recuerda que el derecho de rectificación protege a los ciudadanos frente a informaciones inexactas o erróneas, pero no obliga a los medios a asumir como hechos contrastados simples negaciones de los aludidos, ni a presentar como rectificación lo que constituye una réplica interesada . Las informaciones publicadas por este diario se basan en fuentes contrastadas, documentación verificada y trabajos de investigación previos, propios y ajenos, y fueron elaboradas siguiendo los estándares profesionales y legales exigibles. La concentración temporal, la identidad de los remitentes y el rango institucional de algunos de ellos permiten constatar un patrón claro: una respuesta coordinada del entorno del poder venezolano ante una cobertura periodística que ha puesto el foco en sus estructuras, relaciones y flujos económicos. Además de las noticias aparecidas en ABC, la agencia de noticias estadounidense AP publicó esta misma semana que documentos internos y testimonios de actuales y antiguos funcionarios estadounidenses muestran que Delcy Rodríguez llevaba años en el radar de la DEA, mucho antes de asumir la presidencia interina de Venezuela tras la captura de Maduro. De acuerdo con esos registros, la agencia antidroga acumuló desde al menos 2018 un dosier de Inteligencia que en 2022 llevó a clasificarla como «objetivo prioritario», una categoría reservada a figuras consideradas con impacto significativo en el narcotráfico. Los documentos citados por la agencia recogen sospechas que van desde tráfico de drogas y contrabando de oro hasta presunto blanqueo de capitales, así como vínculos con el entorno de Alex Saab , detenido en 2020 por blanqueo de dinero . AP subrayó que el Gobierno de Estados Unidos nunca ha acusado públicamente a Rodríguez de delito alguno y que no figura entre los altos cargos venezolanos formalmente imputados junto a Maduro. Sin embargo, su nombre aparece en cerca de una decena de investigaciones de la DEA, varias aún abiertas, repartidas en distintas oficinas, desde América Latina hasta Estados Unidos. Antiguos agentes consultados por AP explican que ese interés sostenido refleja su peso dentro del régimen, aunque matizan que la condición de «objetivo prioritario» no implica necesariamente una acusación penal ni una imputación inminente. El reportaje destaca la paradoja política que afronta Washington: mientras el presidente Donald Trump ha presentado a Rodríguez como una interlocutora válida para estabilizar Venezuela tras la caída de Maduro, la existencia de estos expedientes ofrece a Estados Unidos una poderosa herramienta de presión. Analistas citados por AP y la dirigente opositora María Corina Machado coinciden en que su perfil es bien conocido por las autoridades estadounidenses y que su permanencia en el poder la expone a un riesgo constante. En ese contexto, la DEA y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios, pero los documentos revelan, según la agencia, hasta qué punto la relación entre Washington y la nueva cúpula venezolana se apoya en una combinación de pragmatismo político y presión judicial latente. En agosto de 2021, el medio de investigación 'Armando.info' publicó un reportaje en el que describía el ascenso de un clan empresarial vinculado, según esa investigación, al entorno familiar y de poder de Delcy Rodríguez . Además, sostenía que Abou Nassif, a quien se asocia como su pareja, y sus hermanos habían construido desde 2017 una red de empresas alimentada por contratos públicos ligados a los CLAP por al menos 413 millones de dólares, expandiéndose después a otros negocios como bodegones, tarjetas de pago y la venta de insumos médicos. Dicho texto, que forma parte de la información recogida por ABC, añadía que parte de esas operaciones se apoyaron en sociedades registradas en Hong Kong y en esquemas de intermediación y favoritismo en la asignación de convenios estatales.
