El nombre de Isabel Pardo de Vera , imputada en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de supuesta malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal, cobra especial importancia tras el accidente ferroviario de Adamuz. La ingeniera, apadrinada por el exministro José Blanco para ocupar un alto cargo en el ministerio liderado por José Luis Ábalos , era la número dos de Transportes en el momento de las licitaciones de estas obras que ahora están en el punto de mira. Cuando se estuvieron planificando esas obras, entre 2018 y 2021, estuvo además al frente de la empresa pública de infraestructuras ferroviarias Adif , propietaria de las vías. La primera de las licitaciones correspondientes a la renovación de los materiales de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla , cuya calidad ponen en cuestión varios técnicos con los que ha conversado este periódico, se produjo el 16 de septiembre de 2021, apenas un mes y medio después de abandonar la presidencia de Adif para incorporarse a la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, convirtiéndose así en la número dos del ministro Ábalos y en la persona encargada de supervisar todas las grandes contrataciones que, posteriormente, el responsable del ministerio defendía en la mesa del Consejo de Ministros y ante la opinión pública. Ese primer contrato fue adjudicado por un valor de 49.449.155,20 euros más IVA, de los cuales 18.077.132,87 más IVA corresponden a la propia licitación de las obras y 31.273.022,33 euros sin contar los impuestos a los suministros necesarios para la construcción. Los documentos técnicos de ese contrato, que se pueden consultar todavía a día de hoy, recoge ajustes en la catenaria o la retirada de balastos, que es la capa de piedras que se coloca sobre los raíles, en la mayoría del trazado que conecta la capital del Estado con las principales ciudades andaluzas. Unos meses más tarde, en abril de 2022, ya asentada como mano derecha de José Luis Ábalos, la empresa pública que había presidido hasta medio año antes adjudicó un segundo contrato para la renovación y mejora del trazado del tramo concreto de vías en el que se ha producido el siniestro de Adamuz . En este caso la licitación fue por un valor de 52.492.342,21 euros con impuestos incluidos que, como en el caso anterior, se dividen en 22.264.184,94 euros sin IVA para las obras y 31.005.129,82 más impuestos para los suministros. En ambos casos, pese a que las adjudicaciones se formalizaron a los pocos meses de abandonar la presidencia del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, la elaboración de los pliegos y las condiciones, según fuentes del departamento que trabajaron con Pardo de Vera entonces, se elaboraron bajo su supervisión y dirección. Desde el nuevo cargo, como segunda máxima responsable del Ministerio de Transportes , tenía entre sus tareas encomendadas velar por el correcto procedimiento de la adjudicación así como la supervisión del desarrollo de las obras adjudicadas. Aunque el nombre de Isabel Pardo de Vera es el que centra gran parte de los comentarios de los responsables de Adif , señalándole como responsable de las mismas, también cabe tener en cuenta el papel de los dos ministros de Transportes de la época, José Luis Ábalos y Raquel Sánchez Jiménez. Aunque el primero está suspendido temporalmente de sus derechos como diputado en el Congreso, encarcelado de forma preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real, la segunda sigue al frente de uno de los altos cargos del Estado más bien remunerados, la Presidencia de Paradores . Los trabajos para esclarecer las causas que ya han iniciado la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios , que acabarán casi seguro en un procedimiento penal que ya ha abierto un juzgado de Montoro (Córdoba), dirimirán en el plazo de unos meses las causas del siniestro. En función de lo que determinen los investigadores, principalmente de si se establece una relación causa-efecto en el hecho de que la rotura de las vías tenga que ver con una deficiencia en la construcción, tanto Pardo de Vera, como Ábalos y Sánchez Jiménez podrían verse obligados a responder ante los tribunales en el marco del procedimiento que, casi con toda seguridad, se instruirá como homicidio imprudente.
