La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha apresurado en responder al letrado del cantante Julio Iglesias que, en el momento en el que se encuentran la investigación abierta contra él por presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos, no puede intervenir en el procedimiento . Según adelanta El Español y ha confirmado en fuentes ABC, el Ministerio Público explica en su respuesta que las pesquisas se encuentran en un momento muy inicial y que aún se estudia si la Audiencia Nacional sería la competente en caso de abrir una investigación por la vía de lo penal contra Iglesias tras la denuncia presentada por dos exempleadas. Estas mismas fuentes, aclaran que quien lidera la investigación, en todo caso, es la teniente fiscal de ese tribunal especial , Marta Durántez, la misma que llevó la acusación contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, que fue condenado por el beso en la boca no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso. Por el momento no ha trascendido nada más sobre esta decisión, si bien estas fuentes recuerdan que la competencia sobre cualquier cuestión de índole procesal o de índole sustantiva (de forma y fondo) la decide el Ministerio Público dado que es el que investiga. Esta respuesta llega a raíz del escrito presentado por el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, en el que solicitaba que se le tenga por personado en las diligencias de investigación preprocesales abiertas contra él, y en el que alegaba que « los tribunales españoles carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado». Señalaba, asimismo, que el Ministerio Público «debe archivar esas diligencias sin más trámite« dada la ausencia de jurisdicción y, en consecuencia, la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Indicaba, además, que a pesar de que en el artículo publicado por elDiario.es en el que se relatan los supuestos hechos se oculta la identidad de las dos exempleadas, en realidad conocen sus datos porque son «perfectamente identificables a partir de la información proporcionada por el medio de comunicación». Y, desde el inicio, subrayaba que las acusaciones son falsas y que se ha vulnerado su honor. Choclán destacaba que resulta obvio que el denunciado «debe poder obtener acceso directo al contenido de la denuncia, mediante su personación en las citadas diligencias de investigación preprocesal, y su intervención activa, con independencia de cuál fuere su desenlace y de que no exista aún procedimiento judicial incoado». En este sentido, el abogado indicaba que en caso de que el Ministerio Público decidiera que debe tomar declaración a las dos denunciantes, Iglesias debe poder intervenir «inexorablemente» en el interrogatorio a través de su defensa legal «para poder acreditar la falsedad de las imputaciones y defender su honor». Así, adelantaba que ejercerá las acciones legales que considere en defensa de sus derechos fundamentales y frente «al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso«. »El daño reputacional no puede negarse«, lamentaba, para luego explicar que por el propio director del medio que publicó la exclusiva ha podido tener conocimiento de la repercusión mundial de la noticia.
