El alcalde de Benidorm, Toni Pérez , afronta un pago por sentencia de 350 millones de euros, el doble de su presupuesto municipal anual, aunque ha descartado que intervengan su Ayuntamiento. Y como ejemplo, ha aludido sin nombrarlo el caso de la ministra Diana Morant , que dejó una deuda de ese mismo importe (sin intereses, 285 millones) como alcaldesa de Gandía. Tras conocer esta semana que el Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo , el también presidente de la Diputación de Alicante ha explicado que los servicios jurídicos municipales están estudiando el «alcance» posible de esta situación. No ha desvelado si hay algún tipo de negociación con los beneficiarios de esta indemnización de 350 millones de euros, la familia Murcia Puchades, en compensación por terrenos de su propiedad expropiados en el parque natural de la Serra Gelada hace más de dos décadas. En cualquier caso, preguntado por los medios acerca de si puede sobrevenir una situación de bancarrota, el alcalde lo ha negado y ha apuntado a otros ayuntamientos que se han visto en tesituras similares. « Ni la intervención ni la ruina », han enfatizado, con el ejemplo de que «hay un ayuntamiento en la Comunitat Valenciana cuya alcaldesa» dejó el consistorio «con una deuda de 285 millones de euros», en «una ciudad parecida a Benidorm , en su ánimo, en su ADN, en su actividad de población». Sin mencionar su nombre, ha hecho así referencia implícita a Gandía (Valencia) y a la ahora ministra de Ciencia, la socialista Diana Morant. De hecho, sigue siendo el ayuntamiento más endeudado de esta autonomía, con diferencia, por encima de las capitales de provincia y ciudades más grandes. «En los ejemplos iguales a este no ha habido intervención del Estado », ha añadido Pérez, además de comprometerse a no incrementar impuestos ni mermar en los servicios públicos en caso de tener que asumir definitivamente el pago por la sentencia. Como argumento, también ha señalado que fruto de su gestión ha saneado la deuda municipal de 95 millones de euros entre 2015 y 2022 hasta reducirla a cero. Preguntado por la posibilidad de pedir ayuda otras administraciones para ver cómo afrontar el pago millonario, tampoco ha adelantado acontecimientos: «No puedo avanzar nada en ese sentido, pero sí que puedo decir que los servicios municipales están ahora valorando el alcance y las consecuencias».
