La familia de la joven asesinada en Utrera el 30 de julio de 2023 ha formalizado ya su escrito de acusación particular solicitando la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado contra Noé Ángel C.T., expareja de la víctima y en prisión provisional como presunto autor del crimen; reclamando que el mismo sea condenado a 25 años de prisión. El abogado José Antonio Sires, que representa a la familia de la víctima, llamada Erika Vanesa y de 22 años de edad a la fecha de su muerte, reclama así que el varón expareja de la fallecida, de 43 años de edad en el momento de los hechos, sea condenado a 25 años de prisión y a indemnizar a los familiares de la víctima con 150.000 euros, por un presunto delito de asesinato con la agravante de ensañamiento. Según el escrito de acusación, los hechos investigados describen una agresión extremadamente violenta y prolongada, durante la cual la víctima habría sufrido múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza, cuello y tórax , así como lesiones defensivas, lo que indicaría que permaneció consciente durante parte del ataque, hasta su muerte por traumatismo craneoencefálico. Meses después del crimen, el abogado José Antonio Sires manifestaba a los medios de comunicación que de la investigación se desprendería que el inculpado, de origen ecuatoriano; «golpeó severamente y en numerosas ocasiones» a su expareja, nacida en en Nicaragua, «con un objeto contundente en la cabeza y la espalda, sin darle posibilidad alguna de defenderse». Según el letrado, uno de los móviles que se barajan respecto al crimen es el de que el presunto autor de los hechos no admitiera la relación que su ex pareja había comenzado con otra persona , también de origen nicaragüense al igual que ella. La víctima no había solicitado ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento de Utrera en relación con presuntos malos tratos, tal como aseguraban fuentes municipales consultadas en aquel momento. Igualmente, tampoco constaban denuncias suyas en el sistema VioGén de seguimiento de casos de violencia de género, según la Delegación del Gobierno en Andalucía.
