Los exalcaldes de Miño (La Coruña) del PP Juan Antonio Maceiras y Jesús Veiga - cargos que ostentaron entre los años 2003 y 2015 - han aceptado penas de inhabilitación para cargo electo, además de una condena de prisión de un año y cuatro meses en el segundo caso, aunque con suspensión de la pena si en dos años no comete un delito. Ha sido en el juicio fijado para este jueves en la Audiencia Provincial de La Coruña y en el que también se juzgaba a una exconcejala de sus gobiernos y la administradora de la empresa que realizaba los trabajos de gestión urbanística. Estas dos últimas, según ha recogido Europa Press, también han aceptado la condena de cárcel, que suponen una rebaja respecto a la inicialmente solicitada por el Ministerio Público, así como la inhabilitación a cuatro años y seis meses para cargo electo. En declaraciones a los medios antes del inicio de la vista, Juan Antonio Maceiras ha asegurado que se les ha acusado por una prórroga de contratos, que es «norma en toda Galicia, incluso con actuaciones peores». Por ello, ha avanzado que denunciará ante el Ministerio Público a los consistorios en esa situación que son, ha apostillado, «el 80 por ciento». Por otra parte, ha lamentado que no se juzgase a la persona «responsable» de los hechos por los que se les llevó a juicio. «La Fiscalía sabe quién fue la responsable de que el pliego no se hiciera», ha insistido para tildar de «infamia» las denuncias efectuadas. En su escrito de calificación fiscal se calificaron los hechos como delitos de malversación y prevaricación por prorrogar diferentes contratos a pesar de informes negativos del interventor municipal. Ahora, tras el acuerdo entre las partes, se rebaja las penas solicitadas al aplicarse las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño por haber consignado tres de los procesados las cantidades que tuvo que abonar el Ayuntamiento. Así, el Ministerio Público sostiene que Maceiras firmó un contrato con una empresa para prestar los servicios de limpieza de la Agrupación Escolar Piñeiro-Miño en el año 2006 de una duración de dos años prorrogable sin exceder el máximo de cuatro años. En 2008 se acordó prorrogarlo, por lo que la vigencia se perdería en 2010. Sin embargo, detalla Fiscalía, durante los dos mandatos de los ahora acusados la empresa siguió prestando los mismos servicios sin que se convocara ningún procedimiento de contratación de concurrencia competitiva, por lo que el interventor realizó informes de reparo y desfavorables al pago de diferentes facturas al respecto, que tanto la exconcejala como Jesús Veiga decidieron ignorar. Del mismo modo, en el año 2006, Veiga selló como alcalde accidental un contrato administrativo para la prestación del servicio de limpieza y conserjería en el Centro Sociocultural da Rúa, que fue prorrogado por Maceiras en 2008 y del que, al igual que el anterior y a pesar también de los reparos del interventor, se siguió con este sistema hasta ya avanzado el año 2015.
