A finales de julio de 2025, La Coruña se convirtió en la primera ciudad gallega en declararse zona de mercado residencial tensionado , adoptando las medidas de la ley estatal de vivienda para poner freno al encarecimiento de los alquileres. Prácticamente medio año después, el resultado dista de las expectativas del ayuntamiento gobernado por la socialista Inés Rey y muestra una evolución similar a la de otros territorios donde también se aplicó la ley. Pese a que el importe medio de los alquileres se redujo en diciembre de 2025 un 6,7% respecto al mismo mes del año anterior (un 3,7% menos desde septiembre), el número de fianzas depositadas en La Coruña disminuyó un 49,2% respecto a diciembre de 2024, una tendencia a la baja que se mantiene desde julio y que indica una caída en la oferta. Hasta la aplicación de la normativa, que permite limitar las subidas de los alquileres, ofrecer incentivos fiscales a los propietarias o limitar el desahucio de familias vulnerables, la tendencia del mercado del alquiler continuaba alcista en La Coruña. Entre enero y junio, el importe medio de las fianzas depositadas en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en la ciudad pasó de 700,4 a 771 euros (10,1% más), pero ya a partir de julio comenzó la reducción (-1,3%), pese a que las medidas no entraron en vigor hasta finales de ese mes, aunque el anuncio de su aplicación se remonta a finales de mayo. El importe medio de 761,1 euros por fianza registrado en julio en La Coruña fue reduciéndose en los siguientes meses hasta alcanzar los 686,3 euros de media en diciembre, una reducción del 9,83%, si bien se produjo un encarecimiento respecto al año pasado en todos estos meses intermedios (agosto, septiembre, octubre y noviembre). Más allá de esta reducción, otra de las evoluciones es la del número de estas fianzas depositadas tras la firma de un contrato de arrendamiento. En diciembre de 2025 se registraron 210 fianzas de alquiler en la ciudad de La Coruña, lo que supone una reducción del 49,2% respecto al mismo mes de 2024 y un 95,6% menos que en 2023 , prácticamente la mitad de las fianzas depositadas hace dos años a la par de un encarecimiento de los alquileres del 7,9% entre 2023 y 2025. Pese a que todavía es pronto para conocer el alcance real de estas medidas tanto en la ciudad como en el municipio coruñés, tanto desde el ayuntamiento como desde el Gobierno no han tardado en atribuirse el supuesto éxito de aplicar las zonas tensionadas. Mientras la regidora del PSOE, Inés Rey, defiende su impacto en la reducción de los precios y augura que se mantendrá en los próximos meses de la mano de medidas como la limitación a las viviendas turísticas, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, invitó a extender la medida al ser la única ciudad gallega en la que se redujo el precio del alquiler. «Si en Cataluña funciona y en La Coruña también, ¿ a qué se espera el resto ?», compartió Rodríguez en sus redes sociales. Precisamente, en Cataluña ya se muestran los efectos de la ley de vivienda con más claridad tras dos años en vigor , especialmente en la ciudad de Barcelona: menos contratos y más caros pese a las limitaciones. Desde la administración autonómica gobernada por el PP -la primera de este color político en permitir la aplicación de la ley de vivienda-, se muestran reacios al «intervencionismo» alegando que la fórmula «no funciona», centrándose en que pese a la ligera reducción de los precios, «son muchísimos los contratos que se dejan de formalizar» debido a esta declaración. «Al saber que sus inmuebles iban a tener un precio tope limitado, [los propietarios] incrementaron los alquileres», valoró la conselleira de Vivenda de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue.
