LA investigación abierta por la juez de instrucción de Catarroja sobre la gestión de la dana de 2024 por parte de las autoridades autonómicas valencianas ha desplegado un velo sobre otras responsabilidades, no necesariamente penales, que afectan directamente al Gobierno. El señalamiento judicial a Carlos Mazón está siendo el burladero tras el que se esconden ministros y altos cargos, invisibles en el relato de una tragedia que causó más de doscientos muertos. Sin embargo, ese capítulo debe abrirse, porque solo una verdad integral sobre lo sucedido permitirá reparar con justicia a las víctimas y sus familias y tomar las medidas de prevención adecuadas ante futuras –que las habrá– catástrofes naturales. Un ejemplo muy significativo del desinterés real del Ejecutivo por reponer con diligencia las estructuras oficiales afectadas por la dana es el de la Unidad de Intervención de Armas, perteneciente a la Guardia Civil, en la localidad de Paiporta. Los agentes destinados a esta unidad han permanecido cerca de un año prestando sus servicios en un furgoneta aparcada en la vía pública frente al cuartel del Instituto Armado en la localidad valenciana. No se trataba de una actividad administrativa cualquiera, sino de la que tiene como misión el control de armas de fuego y explosivos, la concesión de licencias y las inspecciones correspondientes para verificar el cumplimiento de una normativa esencial para la seguridad ciudadana. Hasta noviembre del pasado año, el ministerio del Interior no trasladó a la Unidad de Intervención de Armas a unas instalaciones en el municipio de Albal , a donde pudo haber sido desplazada mucho antes, para que su actividad se realizara en las condiciones de seguridad que requiere la protección tanto de los propios agentes como de las armas que pasaban por sus manos. Durante un año, la manipulación de este material se ha realizado en la calle, con ciudadanos que las portaban para la gestión que fuera pertinente y con agentes que las recibían en un vehículo aparcado en la calle. Las quejas de los sindicatos policiales no aceleraron lo que era una reubicación absolutamente urgente. En diciembre de 2024, apenas unas semanas después de la tragedia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prometió el inicio inmediato de obras en las dependencias dañadas por las inundaciones. Una promesa de rapidez incumplida en Utiel o Paiporta, con impunidad política, que, además, sume en el cinismo todos los elogios del Gobierno al comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque el mejor reconocimiento habría sido reponer sus medios materiales lo antes posible a la situación anterior a la dana. La focalización de las responsabilidades legales en el retraso al avisar a la población ante las avenidas mortales de agua está mutilando toda la dimensión real de la tragedia. La certeza de que la Generalitat valenciana, con sus cargos ya imputados o que puedan serlo, tenía que haber actuado de otra manera no hace buena la inacción, durante la dana y en los meses posteriores, de la Administración central, dependiente del Gobierno. Los tribunales de justicia no son tribunales políticos y la responsabilidad que juzgan es legal, no política. El caso de la Unidad de Intervención de Armas de la Guardia Civil de Paiporta es un ejemplo de desidia e indiferencia, provocadas probablemente por la existencia de un escenario judicial centrado en cargos del Partido Popular, lo que atrae toda la atención de la opinión pública y remite al silencio de la impunidad la nefasta gestión de las autoridades centrales.
