El Consejo de Acaldes y alcaldesas del PSOE de Castilla y León, celebrado este sábado en Palencia, aprobó por unanimidad una resolución en materia de vivienda por la que se compromete a una planificación territorial y al desarrollo de políticas públicas «efectivas» para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, ya sea en alquiler o propiedad. Según informan fuentes del PSOE, el texto, respaldado por más de 200 alcaldes y alcaldesas, recoge la creación de un consorcio autonómico de vivienda y suelo «del que tienen que formar parte los ayuntamientos y diputaciones para que estos no sean los cedentes única y exclusivamente del suelo y puedan convertirse, a través de las medidas recogidas en el Plan Estatal, en protagonistas fundamentales». Asimismo, la resolución también alude al desarrollo de la promoción de vivienda pública «mayoritariamente en régimen de alquiler« , de forma que los ayuntamientos puedan intervenir en el mercado, estableciéndose niveles de renta asequibles de los ingresos de la unidad convivencial». También proponen que las viviendas calificadas como protegidas mantengan esta condición de por vida. Junto a esto, el PSOE reitera su apuesta por un Pacto Social por la Vivienda, con entidades, asociaciones, colegios, universidad y por la intervención en el mercado libre de alquiler para lo que plantean un programa de intermediación con propietarios de viviendas vacías que permita adjudicarlas a unidades convivenciales de un registro de demandantes cuya renta no supera el 30 por ciento de sus ingresos. «Es importante hacer de la vivienda una palanca de protección para la mayoría social del país y siempre nos hemos posicionado en contra de aquellos que han buscado convertir la vivienda en un activo financiero con el que especular», señala el texto de la resolución en la que los representantes municipales del PSCyL acusan al presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco , de haber reducido la vivienda protegida. «En 40 años hemos pasado de que una de cada cuatro viviendas tuviera protección a una de cada 100» , denuncian en una iniciativa que defiende la promoción de pisos de protección oficial como es la única forma de corregir el mercado inmobiliario y reiteran su apuesta por la Comunidad, y las muchas oportunidades que presenta. «Queremos ejercer el derecho a quedarnos, y nos atrevemos al cambio a través del desarrollo de nuestro proyecto político», aseveran.
