Nicolás Maduro fue imputado por un gran jurado federal el 26 de marzo de 2020, durante el primer mandato de Donald Trump , en una causa abierta en el Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan. Se trata de una imputación penal independiente que sigue formalmente activa y que sitúa al dirigente venezolano en el centro de una investigación por narcoterrorismo y tráfico internacional de drogas. La acusación le atribuye haber participado durante décadas en una conspiración de narcoterrorismo y tráfico masivo de cocaína , así como haber supervisado un cartel violento de la droga mientras ascendía hasta convertirse en el máximo dirigente de Venezuela. El delito de narcoterrorismo contempla una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Además de Maduro, la imputación incluye a más de una decena de actuales y antiguos altos cargos del Gobierno venezolano y de sus servicios de inteligencia. Estados Unidos ofrece actualmente una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y le acusa de haber manipulado las elecciones de 2024. La decisión de imputar penalmente a un jefe de Estado en ejercicio fue considerada inusual en el ámbito judicial estadounidense y supuso una escalada significativa en la estrategia de presión de la Administración Trump para forzar su salida del poder . Desde entonces, la imputación ha sido citada de forma recurrente por altos cargos del Ejecutivo. El secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio , ha mencionado públicamente en varias ocasiones la causa abierta en 2020 y ha calificado a Maduro como un «prófugo de la justicia estadounidense» . La Administración Trump sostiene que Maduro lidera una organización criminal, lo que permitiría enmarcar su salida del poder como parte de una operación antinarcóticos. Según la acusación, Maduro, antiguo conductor de autobús y dirigente sindical del transporte, pasó a liderar una estructura dedicada al tráfico de drogas conocida como el Cartel de los Soles . El Departamento de Justicia no describe ese entramado como una organización criminal convencional, sino como un sistema de corrupción en el que élites políticas y militares se benefician del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. El nombre del cartel hace referencia a los distintivos en forma de sol que figuran en los uniformes de altos mandos militares venezolanos. El escrito judicial sostiene que, bajo el liderazgo de Maduro y otros dirigentes, el cartel buscó inundar Estados Unidos con cocaína y causar daños a la salud de los consumidores en ese país. Según la acusación, el uso de la cocaína fue priorizado como arma contra Estados Unidos. Cuando se anunciaron los cargos, el entonces fiscal general William P. Barr afirmó que el objetivo del Departamento de Justicia era erradicar la corrupción que afectaba al Gobierno venezolano, al que describió como una estructura diseñada para enriquecer a quienes se encontraban en los niveles más altos del poder. Maduro rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que Estados Unidos estaba dando órdenes para llenar Venezuela de violencia. Además de los cargos por conspiración de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, la imputación incluye delitos relacionados con la posesión de ametralladoras y la conspiración para poseerlas. Entre los coimputados figuran también miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, designadas por Estados Unidos como organización terrorista extranjera. Según la acusación, las FARC fueron durante años uno de los mayores productores de cocaína del mundo y Maduro habría negociado directamente envíos de varias toneladas de droga producida por esa guerrilla. El escrito judicial sostiene que Maduro ordenó que su cartel suministrara armas de grado militar a las FARC y que coordinó relaciones exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Según la acusación, alrededor de 1999, mientras las FARC participaban en supuestas negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, acordaron con dirigentes del Cartel de los Soles trasladar parte de sus operaciones a Venezuela. Desde territorio venezolano, las FARC y el cartel habrían enviado cocaína procesada a Estados Unidos a través de puntos de trasbordo en el Caribe y Centroamérica. Para 2004, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimaba que más de 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela. Los envíos se realizaban por mar desde la costa venezolana mediante lanchas rápidas, barcos pesqueros y buques de carga , y también por vía aérea desde pistas clandestinas. Venezuela, según los datos citados en la acusación, tiene una producción interna limitada de cocaína. En 2018, unas 1.400 toneladas métricas de cocaína pasaron por Guatemala, una cifra muy superior a la atribuida a Venezuela.
