Uno de los grandes bulos instalados en el discurso socialista es el del llamado 'lawfare', término inglés que refiere la persecución legal a los adversarios políticos. El problema es que algunos socialistas se han creído la mentira de que, en España, el 'lawfare' lo ejercen los jueces contra la izquierda. Sin embargo, llegado el momento de sentarse en el banquillo, hay socialistas ya imputados que no dejan de rebuscar el tribunal que les convenga. El fracasado líder extremeño, Miguel Ángel Gallardo, se inventó un aforamiento fraudulento para llevar su caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ahora desmiente –otra cosa es que lo consiga– que esté negociando ser designado senador, lo que llevaría su caso al Tribunal Supremo, zona cero del 'lawfare', según la izquierda. Y José Luis Ábalos, ya con juicio oral abierto en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quiere ser juzgado –deseo inviable– por un jurado popular, el mismo tribunal cuya sola mención siembra el pánico en el entorno de Begoña Gómez. Andan un poco perdidos los socialistas en el proceloso mar de las normas procesales.
