El Gobierno ha anunciado que en 2026 las pensiones mínimas subirán al menos un 7 por ciento y las no contributivas lo harán un 11,4 por ciento, frente a un modesto 2,7 por ciento de incremento para las pensiones contributivas . A primera vista, esta medida podría interpretarse como un ejercicio de justicia social. Sin embargo, el análisis detenido revela un patrón preocupante: el desmantelamiento paulatino del modelo contributivo y la consolidación de un sistema asistencial que castiga el esfuerzo y premia la dependencia. La pensión no contributiva, que se concede sin necesidad de haber cotizado, mantiene con diferencia su condición de ser la más rentable del sistema. Puede acceder a ella quien no haya trabajado nunca, quien haya desarrollado su actividad en la economía sumergida o quien, por decisión personal, no haya contribuido jamás a la Seguridad Social. En cambio, quien ha trabajado durante décadas, cotizando y financiando el sistema, recibe un incremento sensiblemente menor. Esta lógica subvierte los principios de equidad y contributividad sobre los que se construyó nuestro modelo de protección social. España no solo avanza hacia un modelo de pensiones asistenciales, sino que sus clases medias están siendo empujadas hacia un empobrecimiento estructural. El fenómeno no es nuevo, pero se agudiza con decisiones como esta. Según el Instituto Juan de Mariana, entre 2018 y 2023 el salario mínimo interprofesional ha subido un 26 por ciento en términos reales, mientras que el sueldo más habitual ha caído a 13.800 euros, reduciendo la distancia entre ambos a un 3 por ciento. La consecuencia es la 'igualación por abajo': una sociedad donde trabajar más o asumir mayores responsabilidades no implica una mejora proporcional de ingresos, lo que desalienta el esfuerzo y la superación personal. La compresión salarial tiene un reflejo directo en el sistema de pensiones. Si las mínimas y no contributivas crecen mucho más que las contributivas medias, acabaremos en un sistema en el que todas se igualen por abajo. Ya hay 2,12 millones de pensiones complementadas a mínimos y casi medio millón de no contributivas. En lugar de premiar el ahorro, la cotización y la previsión, se fomenta un sistema asistencial de subsistencia. A este panorama se suma un hecho que debería alarmar a cualquier observador responsable: en el tercer trimestre de 2025, el coste laboral por trabajador superó por primera vez los 3.100 euros mensuales, con un crecimiento interanual del 3 por ciento. Pero este incremento se debe básicamente al aumento de las cotizaciones sociales, que subieron un 3,6 por ciento, mientras que los salarios solo lo hicieron en un 2,8. Es decir, por debajo de la inflación del periodo, que es del 3 por ciento. Así lo reconoce el propio Instituto Nacional de Estadística. Las empresas pagan más, pero los trabajadores no ganan más, y el poder adquisitivo sigue erosionándose. El Banco de España ha elevado sus previsiones de crecimiento al 2,9 por ciento en 2025 y al 2,2 en 2026. Pero la narrativa triunfalista choca con la realidad social: salarios estancados, clases medias presionadas y un modelo de redistribución que, lejos de corregir desigualdades, las cronifica y acentúa. No se trata ya de izquierdas o derechas, sino de un modelo que desincentiva el trabajo y erosiona el pacto intergeneracional. Con cada paso en esta dirección, España se aleja del modelo europeo de bienestar basado en el esfuerzo, el mérito y la responsabilidad. Es urgente revertir esta deriva y defender el principio de justicia contributiva. De lo contrario, la proletarización de la clase media será irreversible.
