La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa que se sigue por el conocido caso Desproi respecto al que fuera alcalde de la ciudad, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, y su junta de gobierno al no ver indicios de prevaricación ni de tráfico de influencias. Sí mantiene investigado al exedil José Manuel Pichel por un delito de participación en negociaciones prohibidas por parte de una autoridad. Así lo acuerda la jueza Ana López Suevos un acto, al que ha tenido acceso Europa Press, con fecha del pasado 25 de septiembre, jornada en la que Sánchez Bugallo acudió a los juzgados de la capital gallega para declarar en e ste caso que propició la dimisión del entonces concejal de Medio Rural José Manuel Pichel. Todo ello tras conocerse que había formado parte del accionariado de la empresa a la cual se le adjudicó un contrato para albergar servicios de la concejalía que él dirigía. De este modo, se acuerda el sobreseimiento provisional respecto al propio Bugallo, así como para los concejales Milagros Castro, Gumersindo Guinarte, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Marta Abal, Esther Pedrosa y José Luis Fernández, así como para Desproi Promociones SL y solo se sigue contra el propio Pichel. «Las irregularidades detectadas en el expediente administrativo carecen de la gravedad suficient e como para considerarlas constitutivas de un delito de prevaricación», sostiene la magistrada, que incide en que «carece de cualquier justificación llamar a la causa en calidad de investigados» tanto a Bugallo como a su junta de gobierno. Además, acuerda la transformación de las actuaciones en un procedimiento ante el Tribunal de Jurado, que se seguirá exclusivamente contra José Manuel Pichel por un delito de participación en negociaciones prohibidas por parte de una autoridad. Contra la decisión cabe recurso. El caso de la compañía Desproi Patrimonial S.L. se remonta al año 2021, cuando Bugallo presidía la corporación municipal y la junta de gobierno local. José Manuel Pichel era, en aquel momento, el concejal de Medio Rural y dimitió tras descubrirse que este era socio de Desproi a través de otra empresa, llamada Gaia. Los hechos indican que Desproi había sido contratada por el consistorio compostelano para trasladar las oficinas de Medio Rural y Parques y Jardines, después de que estos departamentos fueran desalojados de su anterior ubicación, en la antigua estación de autobuses. El exconcejal Manuel Pichel, que en el aquel entonces era miembro del grupo de gobierno socialista, es, de este modo, el único imputado en la investigación sobre el alquiler de una nave a Desproi. La empresa en la que el exconcejal era socio alquiló las instalaciones de una nave en el polígono de Costa Vella para ubicar las entonces nuevas oficinas de los departamentos municipales. Cuándo dejo el gobierno municipal, Pichel declaró haber cometido un «error considerable» al «no haber comunicado al alcalde Bugallo ni al resto de la Xunta de Goberno» su participación en Desproi, aunque, según él, lo hizo «sin mala fe». El PP de Santiago de Compostela fue quien presentó la denuncia que abrió la vía judicial del caso Desproi y que, en principio, había sido dirigida a «todos los miembros de la junta de gobierno local». Preguntada por la decisión del juzgado en un acto este sábado, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha rechazado hacer una valoración de la decisión al asegurar que aún no conoce la sentencia. «Yo creo en la justicia y cuando habla, el resto de la gente lo que tenemos que hacer es acatar esas sentencias», ha trasladado.
