En los primeros ocho meses de 2025, la Administración autonómica resolvió de manera favorable 56.174 expedientes de dependencia o discapacidad, un 99% más que durante el mismo período del año pasado. La Xunta atribuye esta buena evolución al «plan de choque» puesto en marcha para facilitar el acceso a los servicios y prestaciones de este ámbito, que tiene como objetivo reconocer los derechos de las personas en el menor tiempo posible y prestarles una atención efectiva. «Reconocimos desde el principio que había un problema al que había que ponerle solución y creo que los números acreditan que se le está poniendo», celebró ayer el presidente gallego, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello. Según el informe de seguimiento del Plan de agilización y simplificación de los trámites, revisado ayer en la reunión del Gobierno gallego, desde la implantación de esta estrategia, el pasado 1 de enero, hay 18.070 personas más atendidas como dependientes y se emitieron 38.104 resoluciones favorables de discapacidad. Especialmente positivas son las cifras registradas en los meses de julio y agosto , con casi 12.000 nuevas altas, el doble con respecto al verano de 2024. En términos económicos, este acelerón en la resolución de solicitudes de dependencia y discapacidad supone también un incremento significativo del gasto. El importe destinado a la atención directa de las nuevas altas registradas entre enero y agosto de este año fue de 70 millones de euros, frente a los 18 millones que fueron necesarios en el mismo período del ejercicio anterior. Rueda reconoció que «está suponiendo un esfuerzo presupuestario razonable , pero creemos que era necesario y por eso lo pusimos en marcha». Sin embargo, el presidente de la Xunta teme que uno de los principales puntos de esta estrategia pueda caer por acción del Gobierno central : la vinculación del grado de discapacidad con el de dependencia para agilizar las ayudas. El Ejecutivo de Sánchez tiene hasta hoy para decidir si lo recurre ante el Tribunal Constitucional, después de haberlo elevado al Consejo de Estado para consultar la conveniencia o no de presentar el recurso. El máximo dirigente gallego espera que «no se paralice» con esta posible decisión «un plan que está demostrando su efectividad» y sostenido, defendió, por «argumentos jurídicos» que «creemos que son razonables». Desde el Gobierno gallego insisten, además, en reclamarle a Moncloa que cumpla con la Ley de Dependencia y aporte el 50% del coste de los servicios y prestaciones en esta materia. Según denuncia la Xunta, la Administración central no solo no cumple con esta cifra sino que la ha ido reduciendo, al pasar del 40% en el 2023 al 34% en 2024. El Plan de agilización y simplificación de los trámites de la dependencia y la discapacidad fue aprobado en el último Consello de la Xunta de 2024 y entró en vigor el 1 de enero de este año. La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, explicó entonces que esta estrategia cuenta con siete ejes principale s: reducir al máximo la burocracia, fijar un procedimiento conjunto para la dependencia y la discapacidad que ahorre tiempos y trámites, mejorar la gestión de las citas, optimizar la gestión administrativa, reforzar el papel de los servicios sociales, establecer un protocolo de colaboración entre el departamento que ella dirige y el Sergas y poner en marcha un plan de formación. En la práctica, además de valorar de manera automática a las personas con grado III de dependencia cuando pueda deducirse este nivel de sus expedientes e informes de salud –la medida cuestionada por el Gobierno de Sánchez–, desde la Xunta apuntan que la reducción de la burocracia puede notarse también gracias a que, con un único documento, el formulario de solicitud, es suficiente para iniciar el procedimiento. Por otro lado, se abrió la posibilidad de que las valoraciones se hagan directamente en las residencias a cargo de personal sanitario o en colaboración con el Sergas, de modo que los servicios de dependencia pueden solicitar de oficio los informes de salud necesarios para realizar las valoraciones. También se reforzó el personal y los equipos de valoración , con la creación de tres nuevas unidades en las comarcas del Barbanza, el Eume y Bergantiños y con la incorporación de técnicos al servicio de emergencias sociales. Y se amplió el sistema de citación automatizada.
