La Guardia Civil ha detenido a un fugitivo en Moldavia implicado en una estafa de 125.000 euros en criptomonedas , sorprendido en un alojamiento de la provincia de Alicante al ser detectado por el sistema de control de clientes que estaba siendo buscado por las autoridades. Sobre este delincuente pesaba una orden internacional de búsqueda, detención y extradición , tal como ha informado el Instituto Armado en un comunicado. El arresto se produjo el pasado sábado cuando la Guardia Civil fue alertada de que había saltado una alarma en el control de hospedajes de un establecimiento situado en una localidad de la comarca de la Marina Alta , al registrar los datos de este cliente. De inmediato, los agentes se trasladaron hasta el alojamiento y localizaron al fugitivo. Una vez identificado, comprobaron que se trataba de un hombre de 38 años, de nacionalidad ucraniana , reclamado por las autoridades moldavas por un presunto delito de estafa telemática con criptomonedas, de 125 mil euros. Ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Denia, que ha dado traslado a la la Audiencia Nacional , organismo que debe resolver su extradición al país que lo reclama. Y ha quedado en libertad con medidas cautelares de vigilancia. En la actualidad, y de acuerdo con la normativa en vigor, todos los establecimientos destinados al hospedaje de personas, de cualquier tipo (hoteles, hostales, apartamentos, albergues, campings, turismo rural, etc.), ya sean gestionados por empresas o por particulares, así como las empresas de alquiler de vehículos, tienen la obligación de registrar los datos personales de los clientes y comunicarlos a la Secretaría de Estado de Seguridad a través de un sistema de registro electrónico a disposición de los usuarios. Así lo han recordado las mismas fuentes. Este sistema suscita rechazo, no obstante, en el sector hotelero y de los apartamentos turísticos, por la carga de trabajo adicional para su personal. Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan inspecciones regularmente con la finalidad de comprobar que los establecimientos cumplen con esta normativa, con la finalidad de velar por la seguridad ciudadana. «La colaboración internacional entre las autoridades gubernamentales, judiciales y policiales permite que los agentes trabajen de forma coordinada por el bien común», han resaltado desde la Guardia Civil. «En este sentido, los avances tecnológicos aplicados a sus herramientas de trabajo agilizan considerablemente el resultado positivo de esta colaboración». han apostillado.
