Desde que los incendios forestales arrasaron extensas zonas de Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura –todas comunidades autónomas gobernadas por el PP– han pasado casi dos semanas hasta que el presidente Pedro Sánchez ha decido intervenir de forma visible y directa. No es serio ni responsable que quien aspira a liderar una respuesta global solo despierte cuando el fuego ha alcanzado su máxima virulencia. Al final, Sánchez ha anunciado su intención de promover un «gran pacto de Estado» para abordar «la emergencia climática»; pero esa reacción tardía y el contexto político sobre el que se asienta impiden que nos tomemos en serio su propuesta. Sabemos que una ola de calor de más de 40 °C, que se ha prolongado de manera inusual durante varios días, ha sido un catalizador del desastre; sin embargo, los expertos insisten en que esas temperaturas, aunque persistentes y que también se dieron en el resto de la Península, no fueron la única causa. La raíz del problema se inicia en un cambio social y demográfico de largo aliento y, sobre todo, en una inversión pública que ha ido menguando, tanto en prevención como en gestión forestal efectiva. Conviene recordar que el cambio climático no es una noticia de ayer, sino una constante en la historia del planeta, y la humanidad ha vivido múltiples ciclos naturales sin que por ello se alterara la obligación de prevenir las catástrofes. Es inconcebible que en medio de un escenario claramente previsible –olas de calor, bosques abandonados, desaparición del pastoreo, despoblación rural– no se refuercen los planes de limpieza, prevención y los medios de extinción. El fuego es el primer signo del fracaso de todo lo demás. Más aún: resulta profundamente irónico que el presidente que ha hecho de la polarización su gran estrategia electoral –alimentando un efecto Vox que no fue tan efectivo ni durante la Gran Recesión– ahora pretenda aplicar el argumento de la «emergencia climática» (un concepto que emergió a mediados de 2019 en el discurso de izquierdas para imponer restricciones sociales, pero que resultó superado por la aparición de una pandemia en China) para tapar los errores estructurales de la legislatura. El mensaje solo tiene sentido si se reconoce primero la responsabilidad del propio Gobierno y se enmienda la idea fundacional de su investidura, ya que no resulta creíble que quien se comprometió a «levantar un muro» para impedir que la derecha gobernara España, ahora aspire a un pacto que en realidad parece diseñado para desviar, una vez más, la atención. Existe un profundo riesgo de que el pacto sólo sea una excusa más para seguir polarizando a la opinión pública, con un asunto que no es pacífico para el centro-derecha, en vez de una convocatoria seria para crear una política de Estado sobre desastres naturales. Sánchez ha utilizado en numerosas ocasiones la idea del «pacto» o del consenso no para construir políticas duraderas, sino para recuperar terreno político. Y ahora quiere convertir su «emergencia climática» en una coartada política, invirtiendo los términos del pensamiento lógico porque lo que se esperaba de un presidente del Gobierno es que actuara antes del desastre, invirtiendo en prevención, y no sólo en reparación. En esta ocasión, sería ingenuo no interpretar el anuncio como un recurso para limpiar su imagen cuando apenas ha reaccionado tras días de llamas devorando hectáreas y vidas. El PP, el principal partido de la oposición, al que se dirige de manera natural la oferta de Sánchez, la ha recibido denunciándola como «una cortina de humo». Pero es frívolo despachar así el asunto porque como partido de Estado, el PP también debe rendir cuentas sobre lo que ha ocurrido en las comunidades afectadas que gobierna, donde en algunos casos el gasto en prevención se ha hundido. En cambio sí tienen razón en exigir que el pacto se presente en otros términos: sin ideología climática de por medio, con impulso real a políticas de prevención, inversión en medios forestales y coordinación efectiva con comunidades autónomas. Solo si se cumplen esas condiciones el pacto tendría sentido. Los ciudadanos esperan medidas que vayan más allá de los titulares. Esperan un compromiso real por la prevención, la coordinación, la profesionalización de los servicios forestales y la recuperación de la inversión pública en gestión del territorio. Un pacto solo será útil si nace de esa base. De otro modo, quedará como un guiño inútil frente a un desastre que ya se ha cobrado vidas, miles de hectáreas y buena parte de la confianza pública.
