El análisis que el presidente canario, Fernando Clavijo , ofrece en su entrevista a ABC sobre la situación migratoria en las islas Canarias y la política del Gobierno central merece ser muy tenido en cuenta. Clavijo es un político que cree en la moderación y la practica, que no provoca polémicas banales, sino que reclama soluciones sensatas basadas en la solidaridad entre los territorios de España y la responsabilidad legal del Gobierno central. La Administración canaria tiene autoridad moral para indignarse con la táctica del calamar que le ha aplicado Pedro Sánchez desde hace meses, especialmente desde que el Tribunal Supremo ordenó a su Gobierno que trasladara inmediatamente de Canarias a la Península a los menores emigrantes que habían solicitado asilo. Del millar de beneficiados por la sentencia del Supremo, el Gobierno solo ha trasladado a una decena. Por eso, Clavijo no duda en denunciar, literalmente, la improvisación, la deslealtad y la descoordinación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien atribuye un interés claro en utilizar la inmigración para alentar a la extrema derecha. Esta acusación es muy grave, no solo por venir de un presidente autonómico caracterizado por una constante voluntad de acuerdo, sino porque se basa en datos cada día más incontestables. Tampoco se libran de sus críticas algunos gobiernos autonómicos del PP, como Madrid y Aragón, cuya negativa a acoger emigrantes residentes en Canarias es calificada por Clavijo como insolidaria. La cuestión de fondo es que el Gobierno canario se siente utilizado y engañado por Sánchez, quien no para de proclamar la sensibilidad de su gobierno con los derechos de los inmigrantes, en general, y de los menores no acompañados en particular, pero luego no concreta sus eslóganes en políticas y decisiones concretas. Recuerda Clavijo la pugna judicial en el Supremo para que el Gobierno central asuma sus competencias ordinarias sobre migración ilegal y la deuda que el Ejecutivo de Sánchez tiene contraída con la Administración canaria. Una observación externa de cuanto describe Clavijo permite comprobar que la política migratoria de Sánchez es un laberinto de despropósitos. No hay una sola iniciativa del Gobierno que sea constructiva en esta materia, porque, básicamente, Sánchez la ha convertido en una herramienta de confrontación partidista con el PP, de realimentación de Vox y de un declinante argumento de cohesión de la izquierda. Declinante porque entre los votantes de la izquierda se abre paso un hastío evidente por el fracaso migratorio del Gobierno socialista. Además, por si no fuera suficiente la afectación de Canarias con el acogimiento de un número desbordante de inmigrantes irregulares , Baleares se suman a la lista de destinos españoles de las mafias de la inmigración. Sólo en lo que va de año ha superado los cuatro mil inmigrantes y solo en los últimos días han llegado más de 600. El origen de las rutas que traen estas oleadas de inmigración ilegal es Argelia, quizá por el incentivo que encuentran las mafias en la confusión política del Gobierno y por la estrategia de cierre aplicada por Meloni en Italia. En paralelo, no le falta interés al PSOE en desestabilizar otro gobierno autonómico del PP –en este caso, el balear– con su discurso oportunista sobre la inmigración ilegal. El principal problema que plantea la inmigración ilegal en España es el interés táctico que tiene el PSOE y el Gobierno de Sánchez de utilizarla como arma política contra el PP, a través de Vox, en una antinatural convergencia de estrategias de socialistas y derecha radical.
