El Gobierno tiene la responsabilidad de dirigir la política de defensa y establecer, conforme a sus planes estratégicos, los programas de material militar. Estos procesos son lentos y están sometidos a múltiples factores condicionantes, tales como las amenazas que sufra el país, los rearmes de naciones vecinas, las decisiones de organizaciones internacionales de defensa, como la OTAN, y las políticas de alianzas e intercambios con socios fiables y estables, con las que se crean flujos de contratos militares y de inteligencia sobre terrorismo o crimen organizado. Y además hay que considerar si se tienen o no las capacidades para, en un determinado momento, acudir a una especie de autarquía industrial. Las principales virtudes para gestionar una política de industria militar son la prudencia y el pragmatismo. Una y otro están desapareciendo de la agenda del Gobierno en sus relaciones con Estados Unidos, dando paso, en su lugar, a una sucesión de situaciones y decisiones a cada cual más inconveniente. La polémica con Washington por los contratos con la empresa china Huawei y la renuncia a la compra de aviones de combate F-35 no ha surgido de la nada, sino que se engancha a la negativa de España a aumentar su presupuesto en defensa, tal y como acordó la última asamblea de la OTAN, y al activismo de Pedro Sánchez contra Israel, el otro gran proveedor de España de armamento e inteligencia. Es evidente que ningún gobierno tiene que variar sus políticas solo porque lo exija Donald Trump, con su lenguaje tosco y amenazante. El interés nacional obliga a tomar decisiones que no siempre gustan a los aliados. Pero sucede que Sánchez no está fijando un rumbo propio a la política de defensa española. Simplemente la está dejando sin rumbo. El servicio de Inteligencia de Estados Unidos va a analizar si la utilización de programas y servidores de la china Huawei por la administración española representa una amenaza para los intereses de la seguridad atlántica. Esta iniciativa ha surgido por petición del Senado y de la Cámara de Representantes, lo que demuestra que la preocupación por España no es una fobia repentina de Trump, sino una respuesta política institucionalizada. También Europa muestra una preocupación similar por la relación de España con Huawei, que se enmarca en la política de aproximación de Sánchez al régimen de Pekín. De hecho, Huawei fue excluida de la red 5G en Europa y en España porque era un riesgo de seguridad en el entramado de sus comunicaciones críticas. Si Huawei representaba una amenaza para la red telefónica y telemática de última generación, también será una amenaza para cualquier servicio de gestión y almacenamiento de datos relevantes en España. El escenario que se avecina es complicado para Sánchez. Washington amenaza con restringir la información de inteligencia y ya ha requerido al Gobierno español para que cese la colaboración con Huawei antes de que acabe este mes de agosto. Podría decirse que la presión es excesiva. Sin duda, tiene aspectos bravucones que son inadmisibles, pero también hay que mirar puertas adentro y preguntarse si es buena opción para la política de seguridad de nuestro país la presencia de un partido comunista en el Ejecutivo –el único en Europa–, que además presiona al Ministerio de Defensa para que renuncie definitivamente a los F-35 y se desconecte de la industria militar de EE.UU. Más aún cuando no existe una alternativa razonable a esos aviones. Puede que no todo suceda por empeño de Trump.
