La Audiencia Nacional no ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno de Aragón a las Conferencias Sectoriales por el reparto de menores migrantes convocadas por el Ministerio de Juventud e Infancia. El Gobierno de Aragón presentó un recurso contencioso-administrativo contra las convocatorias del 28 de abril, que no llegó a celebrarse por el apagón generalizado en toda España , y del 5 de mayo, sobre la presentación, debate y aprobación de la propuesta sobre esta distribución de menores migrantes. La resolución admite las alegaciones de la abogacía del Estado, que señala que estas convocatorias recurridas no constituyen una actividad administrativa impugnable porque no tienen carácter definitivo, es decir, no deciden directa o indirectamente el fondo del asunto. Además, considera que la demanda se basa en la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley sobre la distribución de menores migrantes y no en la irregularidad de la convocatoria en sí misma. La Audiencia Nacional, tal y como recoge el auto, «carece de jurisdicción para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, lo que materialmente constituye el objeto de la reclamación de la recurrente«. Además de declarar la inadmisibilidad de estos recursos contencioso-administrativo, la Audiencia Nacional ha impuesto las costas devengadas a Aragón por un importe de 3.000 euros. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha asegurado este jueves 24 de julio que «el respeto del Partido Popular a las resoluciones de los tribunales es absoluto» y que lo que inadmite la Audiencia Nacional solo se refiere, por el momento, a las conferencias sectoriales, no al contenido del decreto gubernamental. También ha reconocido que desde el Gobierno de Aragón van a seguir recurriendo «absolutamente todos los actos» derivados del Real Decreto Ley, el cual consideran «inconstitucional, injusto, arbitrario y que tiene como único objetivo favorecer a los socios de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa».
