En España, el exceso de velocidad es una de las infracciones de tráfico más comunes, con más de 10.000 denuncias diarias y un total que superó los 3,5 millones de multas impuestas por la DGT en 2024. Sin embargo, lo que muchos conductores desconocen es que una considerable proporción de estas sanciones es anulada por los tribunales, poniendo en tela de juicio la validez de numerosos procedimientos administrativos. Fallos en la aplicación de los márgenes de error de los radares, deficiencias en las pruebas y errores formales en los expedientes son las principales causas de anulación, según expertos jurídicos. Además de las sanciones por exceso de velocidad, muchas otras multas de tráfico son objeto de recurso y, en un número significativo de casos, terminan siendo anuladas. Los conductores a menudo desconocen los detalles que pueden invalidar una multa, lo que lleva a pagar sanciones que podrían haberse evitado. Según Pyramid Consulting, la clave de estas anulaciones reside en errores de forma, deficiencias técnicas en los radares o la falta de pruebas sólidas. «No todas las multas están bien formuladas. En muchos casos se vulneran los derechos del conductor, y eso permite que los jueces anulen la sanción», explican desde el equipo jurídico de la consultora. A pesar de la sofisticación tecnológica, los sistemas de control de velocidad no son infalibles. El motivo más frecuente de anulación en los juzgados es la incorrecta aplicación del margen de error del radar, una exigencia legal que a menudo se incumple. Datos de Pyramid Consulting de los últimos cinco años revelan que el 43% de las sentencias favorables a los conductores se deben a errores en la medición de velocidad. Un 15% de los casos se gana por la falta de control metrológico de la cabina del radar, y otro 17% por no aportar los dos fotogramas en momentos distintos que exige la normativa. Las fotografías poco nítidas o veladas representan el 7% de los casos, y la falta de acreditación del límite de velocidad de la vía (por señalización deficiente o ausencia de pruebas) suma el 16%. Además de los problemas técnicos, los fallos en la tramitación del expediente sancionador son otra causa importante de nulidad. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común establece que un acto administrativo puede ser nulo o anulable si no cumple con los requisitos formales esenciales. «Nos encontramos con resoluciones sin motivación, notificaciones mal gestionadas o procedimientos viciados desde el inicio. En todos estos casos, el recurso tiene posibilidades de prosperar», afirma Víctor Martín, abogado de Pyramid Consulting. Curiosamente, a pesar del gran despliegue de dispositivos, un número reducido de radares concentra la mayoría de las multas. Solo 50 radares son responsables de un tercio de todas las sanciones por velocidad en España. El radar más activo se encuentra en la M-40 de Madrid (kilómetro 20), con más de 74.000 denuncias anuales. Le siguen dispositivos en Málaga, Navarra y Cádiz. Sin embargo, la Asociación de Automovilistas Europeos (AEA) recuerda que el 70% de las víctimas mortales por accidente de tráfico se producen en carreteras secundarias, donde la presencia de radares es mínima. Ante esta realidad, y a pesar de que muchos conductores desconocen sus derechos o prefieren pagar la multa con descuento, los expertos enfatizan que recurrir una sanción puede ser una opción efectiva, especialmente con asesoramiento legal especializado. «Una sanción injusta no debe asumirse sin más. Hay argumentos legales sólidos que, bien planteados, permiten anular la multa», concluyen desde Pyramid Consulting.
