La okupación sigue preocupando mucho en España y Galicia no es ajena a ello. En los últimos tiempos no han dejado de crecer los impagos de alquileres con arrendatarios que no se marchan así como las usurpaciones de pisos y, sea por el motivo que sea, los conflictos entre vecinos y entre inquilinos y propietarios están garantizados. Igualmente, por desgracia, cada vez hay más lamentos e indignación con el papel que pueden tener las autoridades policiales, judiciales y administraciones. Sin embargo, un caso ocurrido recientemente en una casa de un pueblo de la provincia de Pontevedra sigue sorprendiendo y mucho por el final que tuvo y supone una esperanza para los afectados por okupaciones. Y es que, como tantos otros casos, unos propietarios descubrieron que tenían a inquilinos de manera ilegal en su casa pero en este caso acabó resuelto en tan solo cuatro días gracias al apoyo vecinal y la colaboración municipal. Lo más sorprende, sin embargo, es la condición que pusieron los okupas para poder marcharse. El problema se dio en enero en el municipio de Poio, en Combarro, cuando una pareja se instaló de manera ilegal en una vivienda vacía que tenía un valor de unos 250.000 euros. Como ocurre en casos similares, un cambio de cerradura desde el primer momento impidió que los propietarios pudieran recuperar su finca. La Policía Local de Poio pudo identificar a la mujer e intentó mediar con ellos aunque el caso acabó trasladado a los juzgados a la espera de una resolución. Paralelamente, la tensión en el municipio iba a más con la presencia de los okupas y los vecinos empezaron una presión vecinal que consiguió la marcha de los okupas. Así, más de 50 vecinos acudieron a protestar a las puertas del inmueble allí también acudió el alcalde del pueblo, Ángel Moldes, para respaldar a sus vecinos. Él fue precisamente una de las partes cruciales para el fin del conflicto, ya que consiguió un acuerdo con los okupas a quienes convenció de que se marcharan de forma voluntaria antes de que la tensión fuera a más. Después de su gestión el alcalde desveló que la pareja les puso solo una condición: un taxi para poder marcharse sanos y salvos hasta la estación de autobuses de Pontevedra. Horas antes la Grúa Municipal se había llevado el coche de la pareja al quedar inmovilizado porque no tenía seguro. En declaraciones a 'La Voz de Galicia', la mujer explicó que había llegado a okupar la casa tras haber estado « un año durmiendo en la furgoneta » y que tenía trabajo y alquiler, de unos 500 euros, pero que una lesión en el hombro la dejó sin empleo y la enfermedad la llevó, junto a la vulnerable situación de su hijo, con silla de ruedas por una esclerosis, a la situación desesperada actual. Además suplicó poder acceder a un piso de 250 euros, que creía que sí podría llegar a asumir. «Somos gente buena, no somos gente mala», apuntó ella, que quiso mantener su anonimato.
