Una de las principales inquietudes de muchos propietarios que cuentan con más de una vivienda es la posibilidad de que se produzca una okupación en alguno de sus inmuebles. Si esto llega a suceder, la situación empeora más allá de quedarte sin una propiedad pues la Policía Nacional advierte que no está permitido cortar los suministros de agua, luz o gas, ya que tales acciones podrían «constituir un delito» . Así, los afectados deben seguir haciendo frente a los gastos de una casa o piso que no están utilizando y en el que se están gastando diferentes suministros. Frente a esto, lo primero que se viene a la mente de cualquier persona a la que le hayan okupado un inmueble es cómo se les puede echar y cuánto tiempo se tarda en hacerlo. Para prevenir la okupación , las autoridades aconsejan intercambiar vías de contacto con los vecinos para que puedan avisar si detectan movimientos sospechosos, evitar publicar en redes sociales información o imágenes sobre periodos de ausencia por vacaciones, y reforzar la seguridad del hogar, por ejemplo, instalando bombines de seguridad en las puertas. Sin embargo, aunque se tomen todas las precauciones, siguen produciéndose casos de okupación en nuestro país y, al tomar acción el afectado, se inicia un proceso legal que puede prolongarse durante meses antes de que la vivienda se pueda recuperar y devolver a su dueño. Según explican desde Zarzo Fincas, «si logras demostrar que los okupas han ocupado tu inmueble en las últimas 48 horas, la policía puede proceder al desalojo sin necesidad de una orden judicial ». De lo contrario, es necesario recurrir a la vía judicial, presentando una demanda civil de desahucio o, en algunos casos, una denuncia penal por usurpación de bienes inmuebles. No obstante, el tiempo que se tarda en dar resolución a los diferentes casos para echar a los okupas puede variar notablemente. Según los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial , que siguen siendo referentes a 2023, en Aragón ese año, los «procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas» tuvieron una duración media de 6,4 meses . En 2018 era de 4,6 meses y en 2020 de 4,9 meses. Este parámetro es menor que el de la media de España , en el que este tipo se encuentra en 12 meses, un año completo, según datos de 2023. Estos datos también los recoge el portal inmobiliario Idealista que a estos procedimientos verbales les suma las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles . En ese caso, el CGPJ sitúa estas en Aragón en una media de 13,5 meses. Siguiendo este cálculo, en Aragón el plazo total se elevaría hasta los 19,9 meses de media.
