La Confederación Española de Policía (CEP) en Cataluña ha manifestado su preocupación ante el acuerdo de financiación singular con la comunidad , firmado entre el Gobierno y ERC , por el grave impacto que podría tener sobre la estabilidad financiera del Estado y, en consecuencia, sobre la seguridad pública nacional y las condiciones laborales de los policías que garantizan el orden constitucional. Así, a través de un comunicado, el sindicado advierte de que «si el Estado pierde capacidad recaudatoria, los policías acabarán asumiendo los costes del servicio de seguridad ciudadana ». Constatan así desde la Confederación que este modelo permitiría a la Generalitat gestionar el 100% del IRPF y otros tributos clave, lo que podría suponer una pérdida de hasta 35.000 millones de euros anuales para el Estado. Indican que, si «la situación ya es preocupante», con la falta de inversión crónica en infraestructuras policiales, que ha provocado el deterioro de comisarías en todo el país, y el cierre de instalaciones por incapacidad para mantenerlas operativas, ahora, ente este acuerdo, el CEP indica que, si el Estado pierde aún más capacidad recaudatoria, los propios policías nacionales no sólo seguirán adelantando de su bolsillo las dietas de manutención y alojamiento para poder trabajar como lo están haciendo ahora, sino que acabarán asumiendo directamente los costes básicos del servicio de seguridad ciudadana. Algo que tildan de «inaceptable» y «profundamente preocupante» para la seguridad de un estado y sus ciudadanos . Recuerdan también que el pacto entre el Gobierno y los independentistas contempla el aumento de efectivos de los Mossos d'Esquadra hasta 25.000 agentes, mientras que la Policía Nacional «vive una expulsión silenciosa» en Cataluña , debilitando gravemente las investigaciones, la seguridad fronteriza, y la defensa del Estado de Derecho. De hecho, sostienen, « e consolidarse este pacto fiscal singular, las legítimas reivindicaciones de equiparación salarial, mejoras de derechos y dignidad profesional de los policías nacionales quedarían completamente bloqueadas por falta de recursos». Concluyen así que «debilitar económicamente al Estado es debilitar su seguridad pública, y eso significa poner en riesgo la protección de los ciudadanos en toda España».
