Mientras los ministros de Pedro Sánchez publicitan el argumentario de la normalidad para referirse a la anomalía de la 'financiación singular' de Cataluña, la relación bilateral entre el Estado y esta comunidad autónoma avanza hacia el modelo de fiscalidad que el líder socialista y Salvador Illa – cada uno dependiente de los votos de una de las dos facciones del separatismo catalán – pactaron para instalarse en el poder. Asegura María Jesús Montero que no habrá «agravio territorial» en el acuerdo que pueda suscribirse el próximo lunes en Barcelona, cuando el verdadero agravio está en el origen de un planteamiento que privilegia a Cataluña a través de una relación bilateral que degrada al resto de las regiones españolas, y no precisamente con el objetivo de mejorar el modelo actual de Hacienda, sino de fragmentarla sin otro criterio que el político. Con el precedente de la amnistía, genuino manifiesto de la desigualdad entre españoles, cualquier agravio, ahora territorial, está justificado para el Gobierno.
