La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha denunciado este jueves en un comunicado la situación «delicada» que atraviesan algunas entidades del sector que prestan sus servicios mediante contratos con la administración autonómica, ya que según apuntan, «no se ha podido cobrar ninguna factura del año 2025 ». Tal y como ha detallado la entidad, también existen facturas por pagar del ejercicio anterior, lo que ha llevado a muchas de ellas al límite de su capacidad financiera, "sin liquidez suficiente" para afrontar compromisos esenciales como el abono de las nóminas de su personal, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios que prestan. Según ha concretado AERTE en un comunicado, los impagos afectan principalmente a las empresas que gestionan residencias públicas cuyos contratos se encuentran ya vencidos , a diferencia de aquellas entidades con contratos todavía en vigor, que están recibiendo los pagos con relativa normalidad. La organización atribuye esta situación a la paralización de los procedimientos de adjudicación de nuevos contratos durante la anterior legislatura. Por su parte, fuentes de la Generalitat han puntualizado que las únicas facturas de los «contratos caducados», que no se han abonado, son las referidas a los expedientes que incluyen gastos «no contemplados en el contrato adjudicado» por el anterior gobierno presidido por Ximo Puig. En este sentido, la Conselleria de Servicios Sociales ha señalado que la Sindicatura de Cuentas ha detectado que algunos de los gastos presentados por las empresas no están debidamente respaldados por los contratos formalizados durante la anterior legislatura. Esta situación ha obligado a devolver los expedientes a las entidades para que puedan ser corregidos y tramitados conforme al marco legal vigente. Desde la Generalitat aseguran que, una vez que los expedientes estén en regla, se procederá a su "tramitación y pago" correspondiente. La asociación que preside José María del Toro apunta que como consecuencia, las empresas han continuado prestando el servicio «sin el respaldo contractual adecuado, por lo que los pagos deben tramitarse mediante expedientes de resarcimiento », lo que definen como un procedimiento «complejo y lento». Además, desde AERTE han indicado que hasta que los expedientes no sean aprobados por el Consell y contabilizados por la Consellería, «no es posible efectuar los pagos, lo que ha paralizado la llegada de recursos a los operadores». Por ello, advierten que «si estos expedientes no se contabilizan con la máxima celeridad», existe el riesgo de que queden fuera de la línea de financiación extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), «lo que agravaría aún más el problema». No obstante, la asociación ha destacado la disposición de la Conselleria de Servicios Sociales, Susana Camarero, con la que aseguran que mantienen un diálogo «fluido y constructivo», así como valoran el «inicio del desbloqueo de esta situación con la publicación del primer concurso», para la adjudicación de cuatro residencias públicas de mayores, lo que destacan que responde a «un paso importante para normalizar la relación contractual y evitar que esta problemática vuelva a repetirse en el futuro». En este sentido, desde la Conselleria aseguran que han trasladado a los responsables del sector, «el trabajo que se está realizando para que puedan cobrar lo antes posible», así como los pasos que deben seguir para ajustarse a la normativa y avanzar en los pagos que todavía no se han podido tramitar. Sin embargo, desde AERTE hacen hincapié en que se necesitan soluciones «urgentes» para desbloquear los pagos pendientes y solicitan que se estudie de manera «prioritaria» mecanismos extraordinarios de «tramitación de los expedientes, anticipos de tesorería y la estabilidad laboral del sector».
