De «estrictamente protegido» a «protegido» . Una palabra menos que supone un todo en la situación del lobo en Europa y, por extensión, en España, que con la publicación este martes en el boletín oficial de la Unión de la rebaja aprobada el pasado 5 de junio . Una cambio que entrará en vigor en 20 días y que, si bien no supondrá de forma inmediata en territorio español el regreso a la situación previa a septiembre de 2021 -cuando entró a formar parte del Lespre (Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección)- impidiendo totalmente su caza, sí trae ya aparejados cambios. Uno clave es que tras una enmienda incorporada a la recientemente aprobada Ley de Desperdicio Alimentario, el cánido tendrá igual consideración en todo el territorio , sin distinguir entre norte y sur del Duero, el río que hasta 2021 marcaba la diferencia en la gestión y, por tanto, en las posibilidades de caza del lobo ibérico. Ese matiz introducido tras una enmienda del PP al texto legal del Gobierno -y que contó en el apoyo también de grupos como Vox, PNV y Junts- obliga a que el cambio aprobado en la directiva europea Hábitats, tras haberse adoptado también en el convenio de Berna, suponga que «automáticamente» el canis lupus adquiera la consideración de «protegido» en lugar de «estrictamente protegido». Se aplicará también el sur del Duero, con su salida del Lespre, en el que fue incluido con el voto en contra de las comunidades loberas. Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han sido los que han enarbolado durante este tiempo la lucha por volver a recuperar las competencias en la gestión del lobo. Lo han hecho como principales territorios en los que habita una especie de la que también se han detectado ya ejemplares en otras autonomías como La Rioja, País Vasco, Extremadura o Madrid -con lo que supone de salto a la 'barrera' natural de la sierra de Gudarrama-. Esa extensión de manadas y unos nuevos censos con cifras superiores a los del anterior cómputo oficial -hace diez años- destacan entre los argumentos de las autonomías para reclamar poder volver a gestionar el lobo, lo que en la práctica supone tener posibilidad de cazar al cánido. Eso sí, primero el Gobierno central deberá elaborar el informe sexenal que debe remitir a Europa con los datos del lobo. Y ahí las comunidades loberas, que sí deb en tener voz esta vez, confían en que diga que la evolución «es favorable», en lugar del «desfavorable» con el que fue catalogado en el anterior documento, pese a la queja las autonomías. Son los ejecutivos de cada país los que en el fondo tiene la última palabra sobre la situación en que queda el lobo, y colectivos conservacionistas se han vuelto a manifestar reclamando que no se rebaje la protección. A favor de poder volver a esa caza controlada, también las organizaciones agrarias, que han visto cómo los ataques del cánido a la cabaña han ido en aumento. Sólo en Castilla y León, la comunidad con más manadas de la Península Ibérica -un mínimo de 193 según el último censo, frente a las 179 del anterior- el año pasado se contabilizaron cerca de 6.000 cabezas muertas en 4.000 incursiones del cánido. De hecho, en el cambio en la directiva Hábitats aprobado en la Unión se hace mención expresa a que los últimos datos disponibles de los Estados miembros calculan qu e al menos 65.500 reses mueren cada año en la UE a las fauces del cánido, que la Comisión considera que se ha recuperado «con éxito» y estima que la población «casi se ha duplicado» en diez años. Lograr el «equilibrio» entre la conservación de la especie y la ganadería es lo que defienden desde las comunidades, que «no» buscan que el lobo sea una especie cinegética más, sino poder llevar a cabo la gestión, esto es, la caza controlada.
