El acuerdo alcanzado por la Generalitat y Aena para desbloquear la ampliación del aeropuerto de El Prat, tras años de dilaciones causadas por la izquierda y los ecologistas, es una noticia positiva. La propuesta acordada por el Gobierno de Illa prevé la renovación total de la infraestructura a un coste de 3.200 millones, que permitirá alargar una pista, renovar las terminales y crear una nueva satélite. Al tratarse de un espacio protegido por la UE, se han diseñado compensaciones medioambientales. La ampliación es buena porque España precisa otro gran aeropuerto que acoja los flujos internacionales, sobre todo procedentes de Asia. Un país que está destinado a superar los 100 millones de turistas necesita que sus grandes aeropuertos operen en perfectas condiciones y no copiar el modelo de Francia, que obliga a todos los vuelos internacionales a entrar por París. Eso sí, sin compensaciones políticas, como la cogestión de El Prat por parte de la Generalitat, como quiere ERC y como sugirió Illa.
