La causa contra Álvaro García Ortiz se reforzó ayer con la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de rechazar los recursos contra el registro del despacho del fiscal general y el volcado de sus ordenadores y móviles. Lo mismo decidió la Sala Segunda respecto de la otra fiscal investigada, Pilar Rodríguez. La decisión unánime de los magistrados repasa cada requisito de legalidad ordinaria y constitucional y concluye que fueron cumplidos por el instructor , Ángel Hurtado, incluyendo el de la acotación temporal de la revisión de comunicaciones, fijada entre los días 8 y 14 de marzo del año pasado. Es evidente que García Ortiz y Rodríguez quieren allanar el terreno para que el caso llegue cuanto antes a Conde-Pumpido, pero si el Tribunal Constitucional (TC) se respeta a sí mismo y acata su doctrina, la revisión de la entrada y registro y de los dispositivos de ambos fiscales no podrá hacerse hasta que haya sentencia. Pueden no respetarse ni acatar su doctrina, pero ya ha dicho el Supremo que los magistrados del TC también son responsables de sus actos.
