El centro de menores instalado en el antiguo colegio Camilo José Cela, en el barrio de El Fondillo, en la capital de Las Palmas de Gran Canaria, en el que residían alrededor de 120 menores migrantes , ha sido desalojado. Los menores serán trasladados a otros recursos, después de que se haya ejecutado el cierre de este centro, gestionado por la asociación Oportunidades de Vida. Esta ONG ya fue objeto de polémica hace meses, ya que la Fiscalía abrió una investigación judicial contra su presidente, Rafael Hernández, que fue denunciado por presuntamente explotar a estos menores en sus explotaciones agrícolas. El también presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Canarias está siendo investigado por un presunto delito de trata de personas y explotación laboral. Según informó el periódico Canarias 7, fue denunciado de forma anónima ante la Fiscalía, asegurando que a los menores se les pagaba entre 20 y 25 euros por largas jornadas de trabajo y además, de acuerdo a los datos facilitados por el diario, se les descontaba posteriormente dinero si no tenían un comportamiento correcto en el centro donde pernoctaban. Por su parte, Hernández negó esta acusación y aseguró que la justicia aclararía los hechos. Además, la organización recibió el pasado mes de abril la comunicación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de que debía abandonar las instalaciones, que llevaban ocupadas por el centro Tagoror para este fin desde 2018. Han sido agentes de la Policía Canaria y varios técnicos del Ayuntamiento quienes se han personado para controlar el proceso de desalojo, que se produce por « decisión judicial », y que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, de acuerdo a las fuentes oficiales.
