Los letrados del Senado han concluido con inequívoca rotundidad la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Con carácter previo a su inconstitucionalidad material, el texto establece «la nulidad radical» por infracción de las reglas esenciales de formación de la voluntad en la Cámara Baja. Es decir, que este informe no sólo impugna el contenido sustantivo de la norma, sino que invalida, igualmente, su tramitación formal. Cabe recordar que el procedimiento legislativo posee un funcionamiento integrado en el que ambas cámaras, Congreso y Senado, participan. Por este motivo, cobra un extraordinario valor democrático el que los letrados hayan emitido un informe en el que de forma irrefutable, y desde distintos frentes argumentales, se acredita que la ley de amnistía con la que Pedro Sánchez negoció su investidura como presidente del Gobierno, además de injusta, es inconstitucional. En lo que atañe a las cuestiones formales, los letrados señalan que la ley, una vez se rechazó en el pleno del 30 de enero de 2024, jamás debería haber regresado a la Comisión de Justicia. Con todo, y a pesar de esta irregularidad que en sí misma constituiría un motivo de nulidad, la ley volvió al Pleno sin que existiera un nuevo dictamen, como es preceptivo. Una falta a la que se suma la incorporación de las enmiendas transaccionales. Sin embargo, los motivos más robustos del informe son los que atañen a la inconstitucionalidad material. A este respecto, el documento abunda en las sólidas argumentaciones que públicamente ya expusieron reputados juristas, muchos de ellos en las páginas de ABC. Desde el deliberado rechazo del constituyente a incluir dos enmiendas que incorporaban la amnistía a nuestra norma fundamental, hasta la explícita interdicción de los indultos generales que anularía, por pura lógica, la posibilidad de conceder amnistías de igual condición general. También en derecho, quien no puede lo menos, es imposible que pueda lo más. El texto subraya pertinentemente que la amnistía no es una ley, en sentido material, porque es un acto de suspensión de la vigencia de otra norma, el Código Penal. De esta manera, los letrados del Senado no dudan en calificar el trámite pactado por el Gobierno y sus socios como una reforma constitucional encubierta. Una iniciativa semejante debería instrumentarse a través de una proposición de reforma constitucional, no mediante un procedimiento legislativo declarado urgente para evitar el previsible parecer de los órganos consultivos. Desde una perspectiva puramente política, el texto apela también al sosiego y al proceso de información pública que habrían de ser necesarios en aras de favorecer la supuesta reconciliación social. Los letrados del Senado no pueden hacer juicios de intenciones, pero a ningún observador neutral se le escapa el hecho de que esa concordia no es más que una coartada para quienes simplemente, y en contra de lo que habían prometido, intentan perpetuarse en el poder a través de una pura transacción de privilegios. Mención aparte merece la referencia a la colisión de la ley de amnistía con el derecho europeo. De nuevo, el juicio experto de los letrados del Senado recoge el sentir mayoritario que muchos juristas adelantaron y que advirtieron de que amnistiar delitos de malversación económica o tipificados como terrorismo sería un acto contrario al derecho de la Unión. El informe de los letrados del Senado es un documento cargado de precisión jurídica que interpela de forma directa a Conde-Pumpido y que lastrará la tramitación de una ley que hasta el presidente del Gobierno consideró inconstitucional hasta que sus intereses privados le obligaron a enmendar su propio criterio.
