LOS excesos del Gobierno se hacen cada vez más evidentes en relación con las instituciones democráticas de nuestro país. En una misma jornada, se ha sentado el precedente inédito de que el CGPJ no haya avalado la designación del fiscal general del Estado y de que el Tribunal Supremo haya revocado la elección de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. No son dos hechos menores, sino que se trata de dos acontecimientos insólitos que prueban la deriva iliberal que está emprendiendo el Ejecutivo de Sánchez en los primeros compases de esta legislatura. Si estos dos hechos entrañan, en sí mismos, una extraordinaria gravedad, los argumentos que asisten ambas decisiones redundan en la decidida voluntad del PSOE de erosionar las instituciones. En el caso de García Ortiz, su nombramiento se encontró, ya el año pasado, con el voto en contra de siete vocales del CGPJ frente a doce. En aquel momento, los votos críticos adujeron que no cumplía el requisito de imparcialidad, al haber sido el brazo ejecutor de la fiscal general del Estado saliente, Dolores Delgado. En esta ocasión, esta falta de idoneidad ha sido refrendada por una mayoría para la que ha resultado definitivo el que el Tribunal Supremo anulara la elección de Delgado, por parte del propio García Ortiz, como fiscal de sala. Recordemos, a su vez, que Dolores Delgado fue ministra de Justicia antes que fiscal general del Estado, lo que añade otro agravante de partidismo a la designación original. Aunque esta falta de idoneidad no resulte vinculante, el conjunto de la prueba pone de manifiesto las formas poco ortodoxas con las que ha decidido manejarse en este caso el PSOE con algo tan sensible como la Fiscalía General del Estado. El caso de Magdalena Valerio resulta aún más irrefutable. En esta ocasión, el Tribunal Supremo ha decidido estimar el recurso de la fundación Hay Derecho una institución sin tacha en su activismo democrático y en defensa del Estado de derecho. Tal y como recoge la sentencia, Valerio cuenta sólo con uno de los dos requisitos necesarios para el cargo ya que, si bien tiene experiencia en asuntos de Estado, basta un cotejo mínimo del currículum de la exministra para concluir que está lejos de ser una jurista de destacada competencia. Resultan por ello intolerables las palabras de Félix Bolaños, quien ha manifestado que no se puede abrir la puerta a que «una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España». Yerra el ministro pues la posibilidad de que cualquier ciudadano recurra al amparo de los tribunales para protegerse de la arbitrariedad del poder político es, precisamente, una garantía esencial de las democracias liberales. La revocación del nombramiento de Valerio no sólo evidencia un trato de favor, sino que exhibe a las claras la incapacidad del PSOE de reclutar leales entre profesionales de prestigio. Es comprensible que el presidente quiera a una persona de confianza en el Consejo de Estado, lo que es inconcebible es que no cuente con juristas prestigiosos que estén dispuestos a asumir la encomienda. Esta realidad pone de manifiesto la decadencia a la que Sánchez está condenando a su partido, pues parece poco probable que altos funcionarios o que reputados profesionales se presten a contemporizar con los nuevos usos y maneras de los socialistas. Un análisis comparado entre lo que fue el primer Ejecutivo de Sánchez, con profesionales de renombre, y el último Consejo de Ministros, compuesto mayoritariamente por personas del aparato, muestra el desprestigio en el que Sánchez ha decidido sumir al PSOE con tal de perpetuarse en el poder.
