El Consello de la Xunta ha aprobado en su reunión de este jueves iniciar la tramitación del anteproyecto de desarrollo e impulso de la inteligencia artificial, por lo que Galicia se convierte en la primera región europea que decide regular la IA por ley. Se trata, ha explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, ante los medios, de «coordinar» toda la normativa existente, y adaptarla a la «realidad gallega», «aterrizar» la regulación con una ley propia, cuyos efectos empezarán por la propia administración autonómica, en una decisión que ha calificado de «muy necesaria». En esencia, ha avanzado Rueda, busca la Xunta «garantizar» que los sistemas de IA sean «fiables y respetuosos con los derechos fundamentales de las personas». A tal fin, se comenzará creando un comité de expertos, que asesorará al gobierno gallego, pero también a otras administraciones, empresas y ciudadanía, para «impregnar de sentidiño todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías» y velar por la «seguridad» de personas y empresas. Con dos objetivos prioritarios. Uno: un uso eficiente, ético y seguro en la Xunta, supervisado por los citados expertos, que garantizarán que se dé a la IA un uso «adecuado» desde puntos de vista ético, jurídico y de eficiencia económica. Habrá un registro de los sistemas que emplee la administración pública gallega, para que los ciudadanos dispongan de información de qué y en qué grado usa la IA la Xunta en sus «procesos de toma de decisiones». Segundo: sin obviar los «riesgos» que comporta, aprovechar las «oportunidades» que brinda la inteligencia artificial al tejido socioeconómico. Al hilo, con esta ley, la Xunta prevé articular ayudas económicas e incentivos fiscales para impulsar iniciativas que promuevan un «uso responsable» de la IA; y facilitar códigos de conducta y herramientas de autodiagnóstico. Los avances en este campo, ha recordado Rueda, se producen a una gran velocidad. Pero la ley llevará su tiempo. Se concibe como una norma «compleja», que no se puede elaborar «apresuradamente». Esto lleva inevitablemente a pensar en «plazos largos» -incluida la tramitación parlamentaria-, pero la primera piedra ya está colocada.
