Un «ahorro» en burocracia, a la vez que se logra una «mayor eficacia» con más personal que podrá dedicarse a la atención directa a los ciudadanos en lugar de al papeleo interno así como a «detectar las necesidades del mercado de trabajo». Es el objetivo final de la reforma del Servicio Público de Empleo (Ecyl) que quiere llevar a cabo la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. El primer paso para llegar a esta meta, la reforma de la propia ley que, desde que en 2003 se asumieron las competencias, rige este servicio y que se pretende llevar a cabo a través de la Proposición de Ley ya presentada por los grupos Popular y Vox en las Cortes de Castilla y León y que ha pasado el primer trámite con el visto bueno a la toma en consideración de la iniciativa. Así podrá llevarse a cabo la modificación del reglamento de funcionamiento del Ecyl, en cuyo cambio llevan tiempo trabajando y estudiando en el departamento liderado por Mariano Veganzones. «Nos parece una reforma muy importante», destaca el secretario general de la Consejería, Alberto Díaz Pico, quien incide en que lo quieren hacer «con el ánimo de mejora de una institución que debe ponerse en valor». La reforma, señala, pretende acabar con «cierta disfunción» que actualmente existe, ya que hay «políticas duplicadas» derivado de cómo quedó alumbrado este servicio en su nacimiento, con la mayor parte de las competencias en manos del Ecyl, mientras que algunas residen en la propia Consejería -ahora en la dirección general de Economía Social y Autónomos-. También el Ecyl, como organismo, cuenta con su propio presupuesto, al que llegan transferencias del Estado, lo que «exige» hacer transferencias de crédito, con la consiguiente «burocracia». La idea de la Consejería de Empleo es que todas las políticas que tienen que ver con empleabilidad de los castellano y leoneses queden bajo competencia del Ecyl. Estructura El cambio ideado también lleva aparejadas modificaciones en la propia estructura del Servicio Público de Empleo, en cuya cúpula ahora están el presidente -figura que encarna el consejero- y un gerente, encargado de gestionar las competencias -administrativas, operativas-. Este segundo escalón en sí «desaparece» para pasar a ser asumido por el secretario general de la Consejería «para no generar más gasto político». En éste recaerá, según los planteado, la tramitación de la parte administrativa, esto es, personal, contratación, presupuestos, normativa. Y dependiendo de éste, dos direcciones generales: una con competencias en formación para el empleo y otra con responsabilidades en todo tipo de empleo (por cuenta propia, ajena, emprendimiento, para personas con discapacidad y vulnerables...). Noticia Relacionada estandar No PP y Vox arrancan la reforma para hacer el Ecyl más «eficaz y ágil» Isabel Jimeno Plantean que asuma todas las competencias en políticas activas de empleo y reducir cargos Del nuevo organigrama ideado también se 'borra' la figura del vicepresidente del Ecyl. «Va a suponer una simplificación porque todas las competencias van a estar en el mismo sitio», con lo que «ahorraremos en burocracia» y se ganará en «agilidad», con personal destinado «a realizar funciones como por ejemplo la orientación laboral» -labor para la que se contratan 177 personas de refuerzo este año-, subraya Díaz Pico, quien reconoce que la percepción de los cambios por parte de los ciudadanos «no será inmediata», pero «sí lo van a notar a medio plazo». Plazos Según los estimaciones de la Consejería, el nuevo Ecyl estaría en funcionamiento en un año o año y medio, contando con el cambio inicial que supondrá la modificación de la ley que regula el Servicio Público de Empleo que debe tramitarse en el Parlamento. Insiste en que lo que se pretende es «agilizar» el trabajo interno, de modo que se «liberen» recursos para que el servicio «sea más eficaz, directo e inmediato». Y es que, subraya, por ejemplo, habrá «más» personal atendiendo al ciudadano -personas físicas o empresarios- y también detectando «cuáles» son las «necesidades» del mercado laboral y orientar hacia ahí los cursos formativos a los demandantes de empleo. «Actualmente, toda esta burocracia administrativa impide en muchos casos que la detección de necesidades se haga de forma eficaz y se opta tradicionalmente por hacer convocatorias de formación muy amplias en las que cubrir todo, pero con un sobrecoste innecesario», asume el secretario general. «Que el Servicio Público de Empleo realmente sea percibido por un ciudadano como un sitio donde debe exigir, que va una oficina de empleo porque no tiene trabajo y necesita encontrar trabajo y ahí es donde le tienen que ayudar», recalca.
