El futuro de Celsa ya solo depende de la decisión del juez. Esta mañana el juzgado mercantil dos de Barcelona ha celebrado la última sesión de la vista para determinar si se acepta el plan de reestructuración presentado por los fondos acreedores de Celsa , que exigen capitalizar su la deuda y controlar el grupo siderúrgico, ahora en manos de la familia Rubiralta. En juego, uno de los grandes de la industria española ( 10.000 empleos directos , 20.000 indirectos). La sentencia, no recurrible, se hará pública antes del 10 de septiembre. Hoy, a modo de conclusiones, los abogados de los actuales accionistas y de los acreedores han vuelto a exponer sus líneas básicas argumentales. A grandes trazos, los primeros aseguran que el grupo es del todo viable, y que el mismo tiene una valoración de unos 6.000 millones de euros , es decir, muy por encima de la deuda total, que ronda los 3.300 millones. Por contra, los segundos aseguran que su plan lo que trata es de profesionalizar la gestión del grupo, que a su criterio no está asegurada con los Rubiralta al frente. La principal discrepancia está en la valoración del grupo, algo que la actual propiedad entiende que no se ha hecho de manera correcta. De hecho, aseguran que la mismas se realizó sin consultar ni pedir datos a los actuales gestores. Del mismo modo, y para demostrar la solvencia de Celsa, han recordado que la empresa está pagando a sus proveedores «con absoluta normalidad», recordando también los buenos resultados de 2022 (6.800 millones de facturación), apuntando además que 2023 transcurre según lo planificado. El abogado defensor ha asegurado que a los acreedores «no les interesa un acuerdo», sino que quieren quedarse con el 100% de la propiedad del grupo Celsa. Noticia Relacionada estandar Si Celsa, gigante del acero con pies de barro Àlex Gubern Un juzgado de Barcelona decide el futuro de la siderúrgica, cuyos acreedores pretende hacerse con el control Por su parte, la representación de los acreedores ha defendido que su plan de reestructuración cumple con todos los requisitos formales y legales exigidos y a su criterio, «la única alternativa capaz de asegurar la viabilidad del Grupo en el corto y en el medio plazo y evitar el concurso». »En caso de que no se homologue el plan es probable que Celsa se vea obligada a presentar un concurso, dado que el grupo tiene vencimientos pendientes con los acreedores por valor de casi 3.000 millones de euros», apuntan. Del mismo modo, y tratando de disipar las dudas sobre su compromiso con la continuidad del grupo, aseguran que su plan es financiero, no operativo, por lo que «no están previstos ajustes en las plantillas ni deslocalizaciones de la producción de ningún tipo». Los acreedores apelan a una « valoración realista », y recuerdan que si la empresa valiera 6.000 millones, como afirman los propietarios, habría podido obtener financiación en el mercado o, alternativamente, «proceder a la venta de activos para pagar la deuda y no habría sido necesario llegar al punto en que nos encontramos ahora».
