El juicio civil en el que se dirime la reclamación de casi 90 millones de euros de la Junta de Andalucía a Boliden por los trabajos de recuperación llevados a cabo en la cuenca del Guadiamar tras la rotura el 25 de abril de 1998 de la balsa de la mina de Aznalcóllar, y el vertido de cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes, encara su recta final. Este martes han terminado los testigos propuestos por la administración demandante y han arrancado los aportados por la compañía minera, con el testimonio Robert Gibb, quien fuera socio director de Ernst & Young en Andalucía y auditor de las cuentas de Boliden Apirsa desde 1994 hasta 2002. Además, realizó dos informes a petición del grupo minero sobre el accidente minero. Ha asegurado que los gastos y las pérdidas de Boliden Apirsa por este desastre medioambiental supuso 115 millones de euros , aunque a preguntas de la abogada de la Junta ha admitido que ahí se incluyen gastos derivados de viajes, cursos o relación con los medios de comunicación. La vista oral que se celebra en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla concluirá este jueves con la última sesión, que dará comienzo a las nueve de la mañana con un perito aportado por Boliden y los informes finales. Este martes han comparecido quien fuera director técnico de la Oficina Técnica de Recuperación del Guadiamar , José Luis Saiz Díaz; el actual subdirector económico y administrativo del hospital Virgen del Rocío y administrador del distrito sanitario Aljarafe en 1998, José Joaquín González-Ripoll; Antonio Carbajal, responsable de Coopers & Lybrand, que se fusionó en 1998 precisamente con Price Waterhouse, pasando a ser socio de PricewaterhouseCoopers ; y el citado Robert Gibb. Los dos primeros, en la línea de los testigos que ya habían depuesto en días anteriores, han insistido en las consecuencias económicas, ambientales y, hoy, también en salud que supuso la rotura de la balsa minera. José Luis Saiz, experto en contaminación de suelo, ha explicado gráficamente que el vertido era una «alfombra» de lodo sobre más de 4.600 hectáreas, que había que recoger y tirar al vertedero. El suelo natural estaba contaminado con metales pesados, arsénico y azufre pirítico. Trabajaron para identificar en todo momento la calidad de la limpieza, y de no alcanzar unos estándares mínimos de seguridad, había que volver a limpiar. El riesgo principal era que dicha contaminación llegara al Guadalquivir. MÁS INFORMACIÓN noticia Si Juicio por el vertido en la mina de Aznalcóllar: «Había que transformar en verde todo lo que estaba pintado de negro» Para estas tareas contaron con expertos de la Universidad de Santiago y de otros puntos del país. «Estuvimos encerrados en un hotel de Sevilla durante cuatro o cinco días» para fijar la estrategia del suelo, «altamente contaminados», que había que dejar limpio para iniciar la restauración forestal. Según este testigo, todos los proyectos que se ejecutaron fueron consecuencia del vertido, incluido el Corredor Verde , pues era «necesario» generar vegetación para evitar escorrentías y para inmovilizar los materiales de la tierra. Los cangrejos de Doñana y los langostinos de Sanlúcar Jamás» hicieron muestras donde el suelo no estaba contaminado, donde «hubo alfombra». « Nunca nos salimos de ese perímetro », ha insistido, al tiempo que ha manifestado que eliminaron frutales afectados por el lodo porque había que ser «prudentes» ante la «muy alta probabilidad» de que la contaminación fuese a los frutos. Se analizaron las aguas del río, del estuario, las especies, como los cangrejos de Doñana , que se han convertido en protagonistas de la sesión. A los cangrejos también se ha referido Antonio Carbajal, de Coopers & Lybrand, la empresa a la que la Junta de Andalucía le encargó varios informes de seguimiento del accidente minero para informar de las actuaciones que se estaban llevando a cabo para minimizar el impacto mediático de este desastre medioambiental. El objetivo era «acortar» el impacto en los medios nacionales e internacionales ante titulares como «El Sur de España contaminado» o «Andalucía manchada», que estaban afectando al sector turístico, por ejemplo. En definitiva, la Junta los contrató para una campaña de reducción de impacto negativo. En sus informes, elaborados en base a la documentación que le facilitaba la Junta de Andalucía y otras administraciones, reducen los efectos de la contaminación. Según los citados informes de esta consultoría, «no detectaron contaminación en aguas subterráneas, salvo en la que el lodo había afectado a pozos; en aguas superficiales enseguida se volvió a niveles normales,...». Sus conclusiones estaban muy lejos de las que señalan los técnicos que han pasado por el juicio. A preguntas de Boliden, cuya estrategia de defensa para no abonar el dinero reclamado por la Junta es comprobar que se llevaron a cabo trabajos innecesarios y, por tanto, la indemnización está inflada, este doctor y experto en contaminación de suelos ha insistido en que los «umbrales de contaminación eran tremendos en el suelo, bastante dañado, una bomba de relojería que podía afectar a las aguas». El segundo testigo, quien fuera coordinador del distrito sanitario Aljarafe, ha abordado las repercusiones en el ámbito sanitario de la rotura de la balsa. Todas las actuaciones (análisis de agua de consumo, alimentos, análisis de sangre, ...) fueron «extraordinarias», lo que conllevaron uso de laboratorios o transportes más específicos para las muestras, contrataciones de epidemiólogos, veterinarios o farmacéuticos. Se llegaban a hacer dos o tres análisis diarios. Elaboró en noviembre de 2002 un informe de gastos extraordinarios. A preguntas del abogado de Boliden, que ha indicado que esos gastos fueron de 43.903 euros, ha respondido: «poco me parece» .
