La cultura es uno de los elementos vertebrales sobre los que se asienta la acción política de un Estado. Su utilidad en términos de cohesión social y su condición indispensable para la salud espiritual de un país es innegociable. En el caso de España, además, la cultura es un sector económico que genera el 3,4% del PIB y que crea casi un millón de puestos de trabajo directa o indirectamente. Es, además, un elemento clave para el turismo: casi la mitad de los turistas de nuestro país asisten a una institución o evento de carácter cultural. Este diario ha defendido la necesidad de que exista un ministerio de Cultura por lo que celebra el reciente anuncio de Feijóo. Sin embargo, la existencia de una cartera autónoma es una condición necesaria, aunque no suficiente, para poder garantizar la resolución de no pocos desafíos pendientes. España merece replantear su política cultural más prioritaria, que es la que atañe al español. Nuestro idioma es hablado por seiscientos millones de personas y merece la planificación de unas políticas públicas a la altura de la responsabilidad que este dato entraña. El apoyo a las traducciones de autores hispanohablantes, la asunción de la centralidad en el diálogo cultural entre Europa y Latinoamérica o la reconstrucción de instituciones tan relevantes -y tristemente politizadas- como el Instituto Cervantes exigen una intervención tan decidida como urgente. Francia ha logado dos premios Nobel en la última década y hasta el Instituto Ramon Llull, dependiente de la Generalitat de Cataluña, demuestra una mejor pericia a la hora de ejercer una diplomacia cultural efectiva. El entorno digital y el desarrollo de la Inteligencia Artificial es otro de los frentes donde deberían activarse políticas públicas con celeridad. Seguramente, el nuevo ministerio debería tener una dirección general para contenidos digitales que fuera capaz de lidiar con los conflictos generados con las grandes plataformas y que aspirara, además, a proteger la propiedad intelectual. La ley Audiovisual que ha dejado a la intemperie al productor independiente al entender que las televisiones lo son, por este motivo es imperativo revertir esta situación y crear un marco de financiación realista pero suficiente. España, además, es uno de los países con más patrimonio mundial a su cargo, pero todavía guarda una cierta desconexión con la sociedad civil. Una verdadera ley de mecenazgo o el desarrollo de iniciativas que expongan nuestra historia con fidelidad y rigor ayudaría a espantar no pocos fantasmas producidos por la ignorancia y el desconocimiento, muchas veces interesado. Que existan buenos libros, buenas películas y buenas creaciones artísticas debe ser el objetivo central de un ministerio de Cultura. Por este motivo, debería desarrollarse el estatuto del artista y dar cumplimiento a un consenso que se inició en tiempos de Rajoy. En esta regeneración de las políticas culturales, una reordenación radical y ambiciosa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) debería pasar a ser una prioridad. Con las competencias transferidas a las comunidades autónomas, será también responsabilidad del ministerio de Cultura ejercer como un verdadero director de orquesta, alineando intereses y recursos y, sobre todo, garantizando que la cultura funcione como un elemento de cohesión nacional a través de la excelencia de nuestras producciones culturales. Para llevar a buen puerto este conjunto de propósitos, algunos nada sencillos de resolver, esta cartera debería recaer en alguien con una autoridad gestora suficiente como para devolverle a la Cultura el protagonismo político que merece.
