El descubrimiento a tiempo de una presunta trama para alterar el resultado de las urnas el próximo día 28 en Melilla a través de un uso fraudulento del voto por correo parece haber conjurado cualquier peligro de extraño 'pucherazo'. Un juzgado melillense, la Junta Electoral de Zona, la Junta Central y la Policía, incluso fuera de Melilla, en Málaga y Almería, han trabajado contrarreloj para impedir cualquier sombra de fraude electoral. Se detectó que unas 11.700 personas habían solicitado el certificado para votar por correo, lo que representaba casi el 19 por ciento del censo, lo cual triplicaba lo habitual en esa ciudad autónoma. Ahora, de esas 11.700, apenas un millar lo ejercerá legalmente y con todas las garantías necesarias porque, en efecto, el voto legal se ha encapsulado a tiempo. Cuestión distinta es que este episodio deba investigarse a fondo y con consecuencias contundentes porque no es la primera vez que ocurre en Melilla. De hecho fueron condenados el líder de un partido local ahora vinculado a la marca Sumar de Yolanda Díaz y un exdirigente socialista. Melilla no merece estar más tiempo bajo sospecha, ni nuestra democracia debe consentir ni el más mínimo resquicio de duda sobre la legalidad de nuestro sistema electoral.
