El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado diez días al Ayuntamiento de Barcelona para que defienda la legalidad de la tasa Amazon frente a los motivos jurídicos esgrimidos por la patronal logística, UNO, que ha presentado un recurso judicial para conseguir la suspensión cautelar del nuevo impuesto aprobado hace apenas quince días por la corporación de Ada Colau para gravar la actividad de los operadores que, como Amazon , realizan entregas a domicilio, según han confirmado fuentes de UNO. La patronal logística, cuyo presidente Francisco Aranda mantuvo una reunión con la concejal de Hacienda, Montse Ballarín, antes de presentar el recurso, entiende que se trata de una figura ilegal , que incurre en un supuesto de doble imposición, al hacer pagar a los repartidores de última milla dos veces por el uso del espacio público; cuya tarifa está además mal calculada; y cuyo diseño resulta discriminatorio tanto con los operadores como con los ciudadanos de Barcelona, a los que condena a pagar más por un servicio que vecinos de otros municipios podrán recibir a un menor coste. Noticia Relacionada estandar No Podemos lanza una ofensiva fiscal contra Amazon y los repartos a domicilio Bruno Pérez Impulsa un impuesto local sobre la operativa de las furgonetas de reparto, que obligaría a las empresas a pagar por la ocupación del espacio público Por todos estos motivos solicitan la suspensión cautelar de la aplicación del nuevo impuesto , que Podemos quería convertir en una de sus banderas de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Más dudas que certezas El Ayuntamiento de Barcelona se muestra tranquilo y recuerda que la aprobación de la llamada tasa Amazon, bautizada como tasa TREC (Tasa de Reparto del e-commerce), fue aprobada por una amplia mayoría del Pleno municipal y cuenta con el informe favorable del Consejo Tributario , el órgano de asesoramiento y control del consistorio. El respaldo político no ha impedido que la tasa haya entrado en vigor esta semana con más dudas que certezas, empezando por saber sobre quién se repercutirá la tasa: si sobre los operadores postales y logísticos, sobre los fabricantes de los productos que estos distribuyen o sobre el consumidor final. Por parte del Ayuntamiento de Barcelona se reiteran los argumentos que justifican la puesta en marcha de una medida pionera en España: la pretendida protección del comercio de proximidad y la limitación del tráfico en el centro de la ciudad. El espacio público «es un bien escaso que necesita ser gravado», insiste la concejal de Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interior y Hacienda de Barcelona, Montserrat Ballarín. La tasa se aplicará a aquellos operadores postales con ingresos brutos procedentes de la facturación anual superiores a un millón de euros , obtenidos por entregas en los destinos finales indicados por los consumidores de Barcelona. La cuantía de la tasa se fija en función de un porcentaje sobre los ingresos brutos facturados por la empresa, descontadas las operaciones excluidas de tributación. El importe a satisfacer por el conjunto de operadoras no podrá superar un límite fijado en 2,6 millones de euros, según se recoge en el reglamento de la norma. Los operadores postales, explica el ayuntamiento en alusión a Amazon, DHL, SEUR o UPS «al realizar entregas masivas a domicilios de la ciudad hacen un uso especial del dominio público, congestionan el espacio e incrementan la contaminación. Esto, además, genera un desequilibrio en la competencia con el comercio de proximidad». Estos argumentos son rechazados por UNO, que enarbola informes que aseguran que las entregas sistematizadas de paquetes a domicilio evitan miles de desplazamientos y reducen la huella ambiental. De la aplicación de la tasa queda excluida la distribución de mercancías que no se consideren postales. Sería el caso de las flotas de vehículos para repartir productos comprados en un establecimiento, el reparto de mercancías a comercios o restaurantes o aquellas distribuciones hechas con vehículos sostenibles.
