La Audiencia Nacional condena a los líderes de Ausbanc y Manos Limpias a ocho y cuatro años por extorsión
La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente, por extorsionar a bancos y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra, penas ostensiblemente menores de las reclamadas por Fiscalía, que pedía 118 años de prisión para el primero y otros 24 años para el segundo.
En una sentencia, de 195 páginas, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha impuesto a Pineda una pena de 5 años de prisión por un delito continuado de extorsión y otros 3 años por estafa. Además, en concepto de responsabilidad civil Pineda deberá indemnizar a un total de 13 entidades con casi siete millones de euros.
Los magistrados también han condenado a Bernad a 3 años de prisión por un delito de extorsión en grado de cooperación necesaria y a otro año de cárcel por el mismo delito en grado de tentativa.
No obstante, han absuelto a ambos de la mayoría de los delitos por los que fueron juzgados. En el caso del presidente de Ausbanc, de organización criminal, acusación y denuncia falsa, fraude y estafa procesal y administración desleal; mientras que el secretario general de Manos Limpias ha quedado exculpado de los dos primeros delitos y de amenazas. De ahí que las penas impuestas sean mucho más bajas que las que había solicitado el Ministerio Público.
Asimismo, la Sala ha condenado a un año de cárcel al adjunto a la Presidencia de Ausbanc Ángel Garay y a seis meses de prisión a la directora del departamento jurídico, María Mateos, ambos por un delito de extorsión en grado de complicidad.
Por contra, ha absuelto a los otros seis acusados -la abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete y los directivos de Ausbanc Alfonso Solé Gil, María Teresa Cuadrado, María Isabel Medrano, Rosa Aparicio y Luis María Jordana- de todos los delitos que se les imputaban, esto es, organización criminal, extorsión, denuncia falsa, amenazas, estafa, blanqueo de capitales y administración desleal. Para el resto de acusados la Fiscalía pedía entre 66 y 11 años de reclusión.