Pobre Pemex, tan cerca de la ideología y tan lejos de la comunidad
El mundo corporativo está viviendo una transformación silenciosa pero prometedora. Se introducen paulatinamente nuevos parámetros para definir en qué consiste el éxito de una empresa. Nuevas dimensiones se añaden a los indicadores convencionales: ya no basta la rentabilidad o el desempeño financiero. Medir a la empresa por sus ‘impactos’ empieza a convertirse en una convención. Impactos no sólo con respecto a los accionistas (lo que en términos llanos significa hacerles ganar dinero), sino sobre todo en el ecosistema que la rodea: empleados, comunidad, medio ambiente y la sociedad en general. A esto se le llama el ‘capitalismo de stakeholders’, en el que las empresas, que son centrales para el desarrollo y el bienestar, asumen responsabilidades con la comunidad de actores con la que interactúa.
Este desarrollo ha aterrizado en indicadores concretos relacionados con la responsabilidad corporativa, como los de sustentabilidad ambiental y social y de gobernanza. Son conocidos como ESG por sus siglas en inglés, y se suman a los mecanismos para evaluar el desempeño financiero de las empresas, tanto privadas como estatales.
El estándar o enfoque ESG se está convirtiendo en norma contable y referencia financiera mundial, y lo utilizan instancias reguladoras como la Comisión de Valores de Estados Unidos (Securities Exchange Commission).
En este contexto, y dado que las empresas innovadoras y con visión de futuro deben incorporar el enfoque ESG como parte de las fórmulas de creación de valor, mis colegas del área de competencia y regulación de México Evalúa decidieron utilizarlo en un ejercicio para evaluar la política de responsabilidad corporativa de la empresa más importante de México, Pemex.
Es importante mencionar, como antecedente, que una firma internacional especializada en cálculo de riesgos ESG (Sustainalytics) analiza a las empresas y les da una calificación. De acuerdo a su metodología, si una empresa tiene 50 puntos de riesgo o más, significa que enfrenta obstáculos severos en este campo.
La calificación de Pemex es 56.7 puntos, la tercera peor entre las empresas de energía. Para comparar, la calificación de la empresa brasileña Petrobras es 48.2, mientras que la colombiana Ecopetrol y la noruega Equinor están a media tabla (37.4 y 33.4, respectivamente), y empresas como la italiana ENI (25.7) están en la parte baja.
Es decir, los riesgos de la operación de Pemex con respecto a su sustentabilidad social y ambiental y a su gobernanza son severos, lo que representa una señal de alerta sobre la efectividad de la política de responsabilidad corporativa de la empresa.
Para aterrizar el análisis de las debilidades y fortalezas de esa política, mis colegas recurrieron a los reportes anuales de Pemex y a solicitudes de información, entre otras fuentes, para identificar los riesgos ESG de su rama de refinación, Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI).
Nuestro análisis arrojó resultados positivos y negativos.
Entre los primeros, disminuciones en emisiones de algunos contaminantes como óxido de nitrógeno y órganos volátiles compuestos, en agua extraída y en residuos peligrosos.
Los negativos incluyen aumento significativo en las emisiones de gases de efecto invernadero y falta de información sobre estrategias para mitigarlas; falta de información sobre calidad y descarga de agua, e incumplimiento de las normas de calidad de los combustibles, lo que se traduce en aumento de niveles de contaminantes, especialmente las muy dañinas partículas PM10 y PM2.5.
En 2013 Pemex elaboró un Plan de Acción Climática para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por sus operaciones, y entre 2015 y 2017 informó al respecto en sus reportes de sustentabilidad. Pero en 2018 y 2019 no lo hizo, lo cual podría ser reflejo del abandono de esa estrategia interna.
En términos más generales, nuestro análisis de riesgos ESG de Pemex nos permitió identificar un severo contraste entre su política de responsabilidad social, que no ha cambiado sustancialmente en décadas, y la de algunas de las empresas energéticas más importantes del mundo –como BP, Chevron y Total–, que han abierto espacios para el diagnóstico, documentación y valoración de los impactos sociales producidos por sus operaciones en las comunidades aledañas a sus proyectos.
Aterrizando esta metodología en la refinería de Tula, la problemática se potencia. Lamentablemente, Pemex representa un riesgo para los mexicanos. Sobre todo para quienes viven en las zonas aledañas (o en las más apartadas: la refinería es la segunda mayor emisora de contaminantes que se respiran en la Ciudad de México). La contaminación del agua y del aire producidos por la refinería está costando vidas.
En 2018, la Cofepris emitió una declaratoria de emergencia sanitaria para varios municipios de la cuenca de Tula por haber encontrado en pozos de agua para consumo humano niveles de arsénico, manganeso, mercurio y plomo –todos dañinos para la salud– superiores a los máximos permisibles.
Pemex, por supuesto, no es el único factor de riesgo por contaminación en la zona. Allí están también una termoeléctrica de CFE y mucha industria, como las cementeras. Pero, nuevamente, resulta desconcertante que en los reportes financieros y de sustentabilidad de Pemex para 2018 y 2019 no se incluya información sobre esa emergencia sanitaria, ni sobre iniciativas para atenderla.
Si el manejo de Pemex estuviera un poquito menos cargado de ideología y más orientado a las buenas prácticas, habría oportunidad de incorporar estándares de responsabilidad social corporativa en su operación. Cada decisión que se toma, sin embargo, apunta en dirección contraria. Pobre Pemex: ha tenido que pasar por tanto para terminar con una sobredosis de necedad.
La autora es directora de México Evalúa.