El comité de Alcoa Coruña urge una reunión a Industria tras la sentencia que les da la razón
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En 2019, Alcoa vendió por un euro a Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y La Coruña, después de un largo proceso tutelado por las Administraciones, que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrarlas y despedir a la plantilla a través de un ERE. Sin embargo, pese a haberse comprometido a mantener el empleo durante dos años y a renovar los centros de producción de aluminio, Parter Capital no tardó en desprenderse del 75% de las plantas de Alco
a, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo. Desde entonces, los trabajadores se encuentran prácticamente sin actividad y temen que vuelvan a asomarse al abismo de los despidos. En una sentencia dada a conocer este martes, la Audiencia Nacional considera que ni Parter ni el Grupo Riesgo, cumplen «mínimamente el perfil de comprador serio, solvente y riguroso». «Al contrario, lo que resulta palmaria es la contribución de ambos a la situación de desolación en que se encuentran las plantas y sus trabajadores», añade. Por este motivo, la Justicia obliga a Alcoa a que si se producen despidos, se ejecuten con las condiciones pactadas en el ERE, que eran más ventajosas que las que exige la legislación vigente. La Sala Social del tribunal ordena cumplir esta medida alternativa dado que Alcoa ha «incumplido» la promesa de reindustrializar las plantas y mantener el empleo mediante su compraventa a un empresario «serio, solvente y riguroso».
Los servicios jurídicos de los sindicatos demandantes están analizando aún el fallo, pero desde el comité creen que «una cosa queda clara y es que en todo este tiempo teníamos razón y que nuestra lucha por la verdad y la justicia era legítima», apuntan en un comunicado remitido a los medios esta mañana. «Ahora y más que nunca es necesario que la administración central y autonómicas tomen las riendas de nuestro sector y protejan la producción de aluminio en nuestro país», prosiguen. Para el comité coruñés, el fallo demuestra que Alcoa «tiene un claro objetivo, que es destrozar nuestras fábricas para quedarse con nuestro mercado, y no se les puede consentir». Por este motivo, los trabajadores reclaman que se convoque ya la reunión con el Ministerio de Industria prometida ya en el mes de abril para «buscar de una vez por todas el futuro industrial y de nuestros empleos que tanto hemos luchado». Los trabajadores también ponen deberes a la Xunta a la que piden que «asuma sus competencias en materia industrial y no se dedique a mirar solo para Madrid para la solución que necesitamos». Los trabajadores de Alcoa Coruña (ahora Alu Ibérica) volverán a concentrarse este jueves 17 frente a la Delegación del Gobierno a las 12.30 horas.
Fuentes de la multinacional estadounidense se limitan a asegurar que Alcoa está «revisando el fallo» de la Audiencia Nacional y que la compañía «determinará los próximos pasos en el momento apropiado»
La sentencia de la Sala de lo Social corre paralelo al otro proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional sobre Alu Ibérica, en este caso en el juzgado de instrucción que dirige María Tardón. La denuncia, que partió del sindicato Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), ha abocado por el momento a la intervención judicial de las factorías. La jueza investiga si los actuales propietarios, el Grupo Riesgo, podrían estar desmantelando las fábricas de forma fraudulenta vendiendo todo aquello que puedan para después abocarlas al concurso de acreedores. Fuentes del Grupo Riesgo desmienten que esas sean sus intenciones y afirman que pretenden «mantener los empleos».