Normalizar la arbitrariedad

Los condenados por la declaración secesionista del 1-O van a ser indultados porque Pedro Sánchez necesita el apoyo de los independentistas catalanes para seguir en el Gobierno. No hay otra explicación ni justificación. A partir de esta premisa, el Ejecutivo está intentando normalizar el perdón a Oriol Junqueras y demás responsables de los delitos de sedición y malversación como si fuera un indulto tradicional de Semana Santa. Hay que normalizarlos, dijo el ministro de Justicia. «Van a ser impecables» e inminentes, ha anunciado la vicepresidenta Carmen Calvo, lo que anticipa una motivación de los indultos llena de juegos florales para soslayar que no hay razones de justicia, equidad o arrepentimiento. El objetivo del Gobierno es que la pulcritud formal de los decretos de indulto esconda una aberración jurídica y política sin precedentes en España. El método consiste en tratar a los españoles como si fueran ignorantes políticos y hacerles ver lo equivocados que están cuando piden venganza y revancha -es decir, que se cumpla la sentencia dictada por el Tribunal Supremo-, en vez de «concordia y reencuentro» perdonando a unos delincuentes que no se arrepienten de lo que han hecho, que no han pedido el indulto, y que anuncian que volverán a las andadas en cuanto puedan.


El Gobierno practica el «no pasa nada» con su lenguaje frentista, pero pasará, y mucho, en cuanto se publiquen los decretos de indulto de los condenados por el 1-O. No habrá institución del Estado que no quede tocada por esta decisión arbitraria de Pedro Sánchez y de su Consejo de Ministros, sin excepción alguna entre sus miembros, con la aquiescencia del partido socialista. Serán unos indultos que emplazarán a preguntarse qué pasa con el Parlamento español, que aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución; qué pasa con el Tribunal Constitucional, cuyas sentencias y autos fueron desobedecidos por los indultados; qué pasa con la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que condenó a los acusados tras un juicio ejemplar, que defiende el interés de la justicia española en Europa contra la insidia del propio Gobierno español y que ha informado contundentemente contra los indultos; y finalmente, qué pasa con la jefatura del Estado, reconocida en el discurso histórico del 3-O.


Sin duda, el Rey Felipe VI tiene que cumplir con su función, perfectamente definida en la Constitución de una Monarquía parlamentaria, y cualquier debate sobre su firma en los decretos de indulto es estéril e injusta. Pero constatar esta realidad no significa que la jefatura del Estado no esté presente en el debate sobre el perdón a los sediciosos. Es más, son estos los que utilizan la Corona para reafirmar su vocación delictiva contra la Constitución y el interés nacional de España. Da igual la forma con la que expresen su aversión al Rey, ya sea quemando fotos, como exhibe la Asamblea Nacional Catalana, o dándole plantón en su visita a Barcelona, como tiene previsto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Y es en este contexto en el que el PSOE anuncia su apoyo a la proposición de Podemos de suprimir las injurias a la Corona. Barra libre al insulto al jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia del Estado. No es extraño que barones socialistas como Fernández Vara o el nuevo líder andaluz, Juan Espadas, se pierdan en un equilibrio imposible para defender lo indefendible. La perversión de las formas empieza por las palabras y a la claudicación del Estado se le llama, en el diccionario del Gobierno, normalización de Cataluña.