El Tribunal Constitucional tumba la ley de eutanasia en Portugal

A pocos días de que el Congreso de los Diputados aprueba la ley de eutanasia en España, el Tribunal Constitucional (TC) del país luso tumbó este lunes la regulación del nuevo derecho a morir aprobada el pasado 29 de enero. El dictamen del TC fue sacado adelante con la opinión de siete de los 13 jueces implicados. Ha pasado un mes y medio desde que se aprobó la polémica normativa en el Parlamento, pero el presidente de la República jugó sus cartas y reenvió la norma al Palacio de Ratton para que «fiscalizara» el contenido. El contexto actual de la pandemia por coronavirus, con decenas de personas muriendo cada día, no parece el momento más adecuado para regular un tema de estas características y Marcelo Rebelo de Sousa tenía serias dudas acerca de la idoneidad del documento. Por eso, ejerció su derecho de veto y prefirió que el Constitucional tomara una determinación, que llega ahora en unos términos que citan la «inconstitucionalidad» de la legislación, en virtud de la «inviolabilidad de la vida humana». Ha tardado casi un mes el Alto Tribunal en adoptar una decisión clave que va a desembocar en el veto a la ley por parte del presidente, con lo cual el texto deberá volver a las comisiones parlamentarias si los socialistas y el Bloco de Esquerda quieren realizar las modificaciones pertinentes al dictado de la sentencia, con la vista puesta en un marco más ‘light’ para que el Poder Judicial no ponga trabas al respecto. En especial, se señalaron cuatro disposiciones que, en todo caso, han de ser revisadas por los diputados si es que pretenden una hipotética reasignación y futura aprobación. El presdiente Rebelo de Sousa llamó la atención sobre la utilización en el articulado de la norma de «conceptos claramente indeterminados» en los requisitos para despenalizar la muerte médicamente asistida, una sospecha refrendada ayer por el Tribunal Constitucional, que considera «inconstitucionales» las cláusulas cuarta, quinta, séptima y vigesimoséptima. La ley tumbada establecía la eutanasia para los supuestos de «sufrimiento intolerable, con lesiones definitivas de gravedad extrema, de acuerdo con el consenso científico, así como enfermedad incurable y fatal». Norma controvertida La controversia persiguió el proceso de tramitación de la normativa. Incluso dentro de la propia izquierda saltaron chispas. Así, el comunista Antonio Filipe expresó con rotundidad: «La muerte es inevitable, no un derecho fundamental. Si fuese un derecho, no sería lícito hacer depender la anticipación de la muerte de la decisión de terceros». Todo lo contrario que Moisés Ferreira, del Bloco de Esquerda: «Se trata de la libertad de la persona para decidir cómo va a pasar los últimos momentos de su vida. La vida es un derecho, pero no una obligación más allá del sufrimiento».