Juicio visto para absolución

Se esperan pocas sorpresas en el juicio por la denominada «operación Zamburiña», que este jueves ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Orense. El inesperado y decisivo giro de guión ya se produjo el lunes durante el trámite de las cuestiones previas, cuando el tribunal decidió anular las escuchas telefónicas sobre las que se construía el grueso de la investigación policial y la consiguiente instrucción judicial contra cuatro agentes de la comisaría de Orense y un grupo de traficantes de droga de la ciudad.


Huérfana de los elementos más sustanciales de la acusación, la Fiscalía ha intentado como pudo sostener su versión alegando que todavía restan en el sumario pruebas documentales y declaraciones que incriminarían a los acusados por conductas como «favorecer el tráfico de estupefacientes, colaboración, protección de informadores» e incluso «ayudar a realizar intercambio de droga de mala calidad por buena». «No se trata de meras infracciones administrativas sino de delitos», ha insistido la fiscal Pilar Manso, «es muy triste que estas conductas no se castiguen porque permiten la entrada de grandes cantidades de droga en la ciudad de Orense, y más cuando lo permiten agentes de Policía».


La última sesión del juicio asistió a un nuevo encontronazo de Manso con la presidenta del tribunal, Ana del Carmen Blanco, por lo limitado del tiempo que se concedió a cada una de las partes para su informe final. Media hora. A la fiscal le supo a poco. «Nos lo están poniendo muy difícil», ha lamentado, «casi hubiera sido mejor que nos hubieran dicho que no viniéramos».


Petición de absolución
Las defensas, con mayor o menor detalle, ha reclamado al unísono la libre absolución de todos los acusados en base a la anulación de las escuchas y toda la instrucción que se derivó de las mismas. Porque la única fase declarativa válida, según ha manifestado en sala la abogada Beatriz Seijo —letrada de uno de los policías encausados— es la que se produjo este jueves en la vista, en la que todos los acusados negaron los hechos que se les imputaban por parte del Ministerio Público. «Están anulados los interrogatorios, la aprehensión de sustancias, la entrada en domicilios, las declaraciones», ha enumerado la abogada, «o la fiscalía no quiere aceptar la mecánica de lo sucedido o no lo entiende del todo».


Seijo se preguntaba «dónde estaba la tutela del interés público —reivindicada por la fiscalía en su alegato— durante la instrucción», fase por la que ha dicho estar «dolida», dada la «ligereza» con que se desarrolló. «Todo el mundo está de acuerdo en la persecución del delito, pero no a cualquier precio y de cualquier manera». Tras la anulación del auto que autorizaba las primeras escuchas telefónicas «lo que hay en este juicio es un vacío total probatorio de la carga que corresponde a la fiscalía», a cuya representante ha reprochado que no hiceira «el esfuerzo» de «salvar algún elemento probatorio». «Ante la ausencia de prueba de cargo, solo procede la libre absolución».


La abogada de otros dos agentes ha lamentado que ambos «tuvieron que vivir cinco años de martirio judicial que les arruinó la vida». «Esperamos que se haga justicia con la absolución, porque aunque llegue tarde será muy bienvenida». Para el letrado del sindicato policial SUP, que representa a otro de los agentes acusados, «no hay ninguna prueba que los vincule con la pertenencia a un grupo organizado de tráfico de drogas». Un abogado llegó, incluso, a acusar a la unidad de asuntos internos que investigó el caso «de venir de caza a Galicia».


En el último turno de palabra, el exjefe de estupefacientes Antonio R. estalló. «Ya no me fío de la justicia, ni de la fiscalía», «hubo un juez y una fiscal que consideraron que ser fiel al trabajo era ilegal y delictivo, porque si se les pinchó el teléfono» a determinadas personas a las que les pidió «perdón» fue «por eso». La sentencia, que se espera pronta, será el paso previo al previsible recurso en casacion del caso al TS por parte de la Fiscalía.