El Supremo pide a la Fiscalía el informe sobre la querella de IU contra Juan Carlos I
La Sala de lo Penal del Supremo ha dado traslado al ministerio público para que informe "sobre competencia y contenido de la querella formulada" después de que sus impulsores hayan depositado la fianza de 12.000 euros que les exigió para ejercer la acción popular, según ha informado IU en un comunicado.
Se trata de una ampliación de la querella que esos partidos ya presentaron y que el Supremo archivó el pasado año después de que la Audiencia Nacional hiciera lo mismo en una de las piezas del caso Villarejo, denominada Carol, en la que estaba imputado el excomisario.
La querella, presentada por IU, PCE y el foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas, afecta además a Sayn-Wittgenstein, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, Villarejo y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga.
Los querellantes se apoyaron en las grabaciones realizadas por el excomisario Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en las que ésta daba a entender que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza, que la usó como testaferro en un terreno en Marruecos y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, en Arabia Saudí.
En la ampliación de la querella, los partidos han incluido nuevos hechos conocidos como la regularización fiscal presentada por el rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria o supuestos movimientos de dinero a través de paraísos fiscales.
Consideran que los hechos -que ellos vinculan con 13 delitos, incluidos cohecho, blanqueo u organización criminal- deben investigarse por tratarse de supuestos delictivos que habrían traspasado "el período de inviolabilidad".
La Fiscalía del Supremo tiene abiertas tres diligencias sobre el rey emérito: Una, sobre una supuesta cuenta en Suiza presuntamente atribuida al monarca y el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca (Arabia Saudí); otra sobre el uso de tarjetas opacas (a la que afecta la regularización fiscal); y una tercera, incoada tras un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). EFE