El TC ordena indemnizar a dos acusados por yihadismo que encarceló Marlaska
El Tribunal Constitucional ha ordenado indemnizar a dos acusados de formar parte de una célula yihadista que fueron absueltos después de pasar años en prisión provisional. Fueron encarcelados por orden del ahora ministro del Interior y ex juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. Piden al Estado casi 300.000 euros por los perjuicios ocasionados.
Uno de ellos es Mohamed Samadi, detenido el 10 de enero de 2006 cuando era imán en Vilanova y Geltrú (Barcelona). Ingresó en prisión por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que dirigía entonces Fernando Grande-Marlaska. El actual ministro del Interior sustituyó en ese puesto a Baltasar Garzón, que disfrutaba desde el 1 de marzo de 2005 de una excedencia de estudios en Estados Unidos que terminó el 1 de julio de 2006.
El imán permaneció casi tres años en prisión provisional, concretamente hasta el 17 de octubre de 2008 cuando quedó en libertad provisional a la espera de juicio. Se sentó en el banquillo meses después acusado de integrar una célula encargada de reclutar y adoctrinar muyahidines con ramificaciones en Madrid y Barcelona. Uno de los integrantes que sí fue condenado ayudó a huir de España al presunto autor material de los atentados del 11-M Mohamed Belhadj.
El imán de los atentados de Barcelona
Ejercía la acusación por parte de la Fiscalía la actual fiscal general, Dolores Delgado. Se acreditó que uno de los condenados tenía en su domicilio documentación de Abdelbaky Es Satty, el imán que lideró la célula yihadista que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils en el verano de 2017.
Pero la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dictada el 11 de enero de 2010 absolvió a Mohamed Samadi. Consideró que no había pruebas de que hubiese hecho valer su papel como líder religioso para reclutar adeptos a la yihad. El Supremo confirmó la absolución y ahora este imán pide 184.290 euros más intereses al Estado por el tiempo que pasó en la cárcel.
El segundo individuo al que el Tribunal Constitucional reconoce su derecho a ser indemnizado es Abdelbarie Dahane. En su caso pide una indemnización al Estado de 115.415,77 euros por haber estado dos años en prisión provisional, desde el 15 de junio de 2005 hasta el 20 de junio de 2007. Fue absuelto en 2009 por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Ya en el mismo juicio la Fiscalía retiró la acusación contra él de colaborar con el yihadismo, pero además fue absuelto de un delito por tráfico de drogas.
Cambio de doctrina
Tanto Mohamed Samadi como Abdelbarie Dahane pidieron que se les indemnizase por daños y perjuicios ocasionados y tanto el Ministerio de Justicia como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se lo denegaron. La tesis entonces era que no se indemniza a nadie que haya sido absuelto por falta de pruebas. Solo se accedía a ello cuando se demostraba que no existieron los hechos por los que fue acusado. Pero eso cambió desde octubre de 2019, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional avaló que se indemnizase a todos aquellos que hubiesen sido absueltos tras permanecer privados de libertad en un centro penitenciario.
De hecho, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado se opusieron a los recursos de amparo conociendo la postura del tribunal. Algunos jueces consideran una aberración esta doctrina. Ponen como ejemplo el caso de un narcotraficante en prisión preventiva por haber introducido cinco toneladas de droga que acabe absuelto por un defecto procesal como la anulación de unas escuchas. También habría que indemnizarle, advierten.
Precedente
Ya a principios de este año el Tribunal Constitucional reconoció el derecho a ser indemnizados a tres individuos vinculados en su día a los atentados del 11-M en Madrid y a la célula de Al Qaeda en España. Uno de ellos pedía hasta 440.000 euros por cuatro años preso a la espera de sentencia firme en el Supremo. Otro reclamaba 395.000 por un periodo similar, pero el tercero exigió casi seis millones de euros.
El Tribunal Constitucional anuló las resoluciones de la Administración que les denegaban estas indemnizaciones y ordenaba empezar el proceso desde el principio. Casi un año después, el caso de estos tres absueltos sigue en trámite. Ahora el Tribunal Constitucional adopta la misma decisión con estos otros dos investigados por yihadismo que acabaron absueltos. Sostiene que se vulneraron los derechos de ambos al negarle ese derecho y pide retrotraer las actuaciones al momento anterior al que el Ministerio de Justicia rechazó la indemnización.