El Gobierno oculta los protocolos que manejó antes de la pandemia
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ABC ha tenido acceso a dos resoluciones dictadas por el organismo encargado de velar por que los ciudadanos reciban la información pública que les corresponde en las que, directamente, el Ministerio que dirige Salvador Illa ignora cualquier orden de Transparencia y oculta los datos. Los argumentos del Consejo son contundentes y la institución no aprecia ningún motivo por el que el Gobierno podría negar el acceso a la información. Así, en las dos resoluciones, fechadas a 15 de septiembre, el Consejo establece un plazo de diez días hábiles que ya ha vencido para que el Ejecutivo entregara los informes. No obstante, la Administración se ha saltado esta obligación dejando al reclamante dos opciones: acudir a los tribunales o renunciar a una información que le deberían dar.
Los datos solicitados, además, son relevantes para evaluar la acción del Gobierno y este es uno de los fundamentos sobre los que se asienta la ley de Transparencia. Concretamente, el reclamante pide los protocolos remitidos a los miembros del Gobierno para informarles de cómo debían actuar en caso de contagiarse o los informes que les permitieran saltarse la cuarentena. Este es un dato especialmente interesante para examinar si miembros del Consejo de Ministros que padecieron el virus, como el vicepresidente Pablo Iglesias, cumplieron con sus obligaciones sanitarias al esquivar los días de reclusión obligados para los infectados.
El Consejo también exige a Sanidad que entregue los informes que recibió, tanto de organismos nacionales como internacionales, desde diciembre de 2019 hasta el estallido de la pandemia. Esta información es sensible para poder valorar si el Ejecutivo tomó sus decisiones con arreglo a las recomendaciones de las entidades especializadas en gestionar este tipo de emergencias o si los obvió. Igualmente, el Gobierno esconde los informes que manejaba sobre la conveniencia o no de celebrar manifestaciones multitudinarias como el 8-M en Madrid o la lista de asistentes a la reunión que mantuvo con expertos médicos el pasado día 30 de enero, antes de que se declarase la emergencia sanitaria.
Información pública
El Consejo de Transparencia, tras examinar las quejas del ciudadano y al no recibir los datos solicitados, expone la petición, persigue «información pública» que, por ende, debe entregarse. El organismo resalta igualmente que los informes no son una invención del reclamante, ya que Sanidad no ha negado su existencia y, además, existen referencias de los mismos tanto en prensa como en webs institucionales. «Se trata, por tanto, de información que, salvo indicación en contrario que no se ha producido, obra en poder de la Administración y entronca con la «ratio iuris» de la norma, ya que permite conocer cómo se toman las decisiones, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, y en este caso, ante la grave situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19», sentencia el Consejo.
El desinterés del Ejecutivo se ve reflejado también en la segunda petición, donde desobedece sin rubor a Transparencia para no entregar las guías de actuación ante el coronavirus o los requerimientos que le hicieron las Comunidades Autónomas a Sanidad, desde el mes de febrero, para tomar medidas concretas y frenar el avance del virus. En ambos ejemplos, Sanidad actúa igual y no ofrece ni alegaciones ni una respuesta en el plazo estipulado por el Consejo cuyas resoluciones, cabe recordar, son de obligado cumplimiento en virtud de la ley de Transparencia.