Investigan si los 19 altos cargos foráneos del Gobierno balear cumplen los requisitos para cobrar el plus por residencia

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares, denominada más brevemente Oficina Anticorrupción, ha iniciado ya la investigación para conocer si los 19 altos cargos foráneos del Govern que actualmente cobran el plus por residencia y transporte cumplen o no los requisitos necesarios para poder percibir dicha cantidad extra. Las diligencias se iniciaron semanas atrás, después de que a finales del pasado año se hubieran denunciado posibles irregularidades en el cobro de dicho plus por parte de algún asesor de Unidas Podemos. Cabe recordar que los altos cargos de la Comunidad que no están empadronados en Mallorca cobran desde hace años un plus específico de 22.000 euros anuales, destinado esencialmente a cubrir los gastos de alquiler de una vivienda en la isla. En el presente mandato, están cobrando ese plus 15 altos cargos que dependen directamente del Govern y cuatro más que trabajan en empresas públicas autonómicas, en concreto en el canal autonómico IB3, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, Puertos de las Islas Baleares y la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental. La mencionada compensación económica fue puesta en marcha en el año 2000. Inicialmente, sólo tenían derecho a ella los políticos que habitualmente residieran en Menorca, Ibiza o Formentera que, tras haber sido nombrados para un nuevo cargo, debieran realizar su labor en Mallorca. Más recientemente, en 2011, se aprobó que esa compensación la pudieran recibir también políticos o asesores procedentes de la Península o de Canarias que hubieran sido igualmente designados como altos cargos en Mallorca. Desde la restauración democrática, las sedes de la Cámara regional, el Ejecutivo autonómico y las distintas consejerías se encuentran ubicadas en Palma. Según ha confirmado este miércoles a ABC el director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, dicho organismo requerirá la documentación necesaria para comprobar si los 19 altos cargos citados cumplen los preceptivos requisitos fijados por la ley para poder recibir el plus por residencia. El primer paso dado ya por la Oficina Anticorrupción fue solicitar al Govern un listado con todas las personas que cobran dicho plus. Si alguno de esos asesores no cumpliera finalmente los requisitos exigidos, debería devolver el dinero percibido de forma incorrecta. Una vez acabado todo el proceso, la Oficina Anticorrupción emitirá una resolución informando sobre todo el proceso llevado a cabo. Situación actual En la presente legislatura gobierna en Baleares la socialista Francina Armengol, que preside un Ejecutivo conformado por miembros del PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca. En la actualidad, un consejero autonómico cobra en torno a unos 60.000 euros anuales brutos. Por lo que respecta al citado plus por residencia de 22.000 euros, supone una ayuda media de unos 1.800 euros al mes para un consejero no empadronado en Mallorca que necesite alquilar una vivienda. El plus es percibido ahora tanto por altos cargos del PSOE como de MÉS y de Unidas Podemos, si bien es esta última formación la que contaría ahora con más asesores procedentes de fuera de Mallorca, en concreto, seis sobre el total de 19 altos cargos citados. Por otra parte, según publicó «Diario de Mallorca» el pasado mes de diciembre, algunos de los altos cargos foráneos de Unidas Podemos no estarían cumpliendo los requisitos exigidos para poder percibir el plus por residencia, extremo que ha sido negado en varias ocasiones por fuentes oficiales del partido morado. En ese contexto, a finales del pasado año trascendieron discrepancias públicas entre Unidas Podemos y MÉS per Mallorca acerca de si sería necesario revisar en mayor o menor medida el sentido de ese plus y también sobre quién debería cobrarlo, si sólo los altos cargos procedentes de Menorca, de Ibiza o de Formentera, o también —como ocurre ahora— los originarios del resto de España. Inicialmente, la formación morada era partidaria de mantener el plus de 22.000 euros sin cambios. Sin embargo, poco después el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos acordó que propondría reducir de 22.000 a 12.000 euros anuales el plus por residencia. Todas esas cuestiones fueron puestas sobre la mesa en el pleno celebrado en diciembre en el Parlamento regional para debatir y votar las diferentes enmiendas a los Presupuestos de 2020. Así, fueron presentadas tres enmiendas centradas directa o indirectamente en el citado plus por residencia. Dichas enmiendas no salieron adelante, por lo que ese plus seguirá vigente este año con las mismas condiciones e idéntica cantidad compensatoria. Aun así, Unidas Podemos anunció que sus altos cargos destinarán a partir de ahora 10.000 euros del plus por residencia a distintas ONG's, por lo que técnicamente percibirán en realidad 12.000 euros en total por ese concepto.